El Ayuntamiento seguirá usando el topónimo exclusivo en lengua propia «València» a pesar de que el decreto del pasado 10 de febrero del Consell, en el que aprobaba su utilización, está suspendido. Un error de la abogacía de la Generalitat Valenciana, que contestó fuera de plazo a un recurso de reposición del PP, provocó que la norma haya quedado paralizada. Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular interpuso un recurso contencioso administrativo en el que solicitó al juez la suspensión cautelar de la aplicación del decreto. La Generalitat ha contestado en el periodo de alegaciones, esta vez sí en tiempo y forma, que «no ha lugar» para aplicar esta medida. En paralelo, los populares reclamarán hoy al Ayuntamiento de València en la Comisión de Desarrollo Urbano que paralice también la aplicación de la forma «València», aunque fuentes del equipo municipal explicaron a Levante-EMV que rechazarán la moción encabeza por Cristóbal Grau «porque no es competente» y hay que esperar al fallo judicial.

La ofensiva del PP para paralizar el uso de la forma exclusiva en valenciano del topónimo de la ciudad ha logrado una pequeña victoria jurídica «pero sin aplicación real», explicaba ayer a este periódico Antoni Such, Director General de Administración Local y órgano al que le compete el asunto de la denominación de la València. El alto cargo del Consell admitió que el decreto 16/2017 del Consell «está suspendido» porque «se contestó al recurso de reposición fuera del plazo legal de un mes». «Pero eso no es ninguna victoria política del PP, sino un lance jurídico, una cuestión de forma que no afectará al contenido del decreto», considera el alto cargo del Consell.

Such explica que tras producirse esta situación, el PP interpuso un recurso contencioso administrativo ante el juez y pidió la suspensión cautelar de la medida, a la que los servicios jurídicos de la Generalitat han contestado que «no ha lugar» para llegar a este extremo. Así pues, en los tribunales deberán decidir en unos días si los argumentos del Consell son suficientes y mantiene o no el decreto sobre el topónimo de València. De rechazarlo, habría que esperar a que el proceso judicial avanzase hasta la celebración de la vista que debe determinar la legalidad o no de la norma; es decir, todavía faltan meses para que se llegue a este punto.

Mientras tanto el decreto está paralizado. El Consell entiende que no debe suspender su aplicación «porque a efectos prácticos no tiene ningún recorrido hasta que el juez decida», explica Toni Such. Y es que, más allá de la rotulación de algún cartel o el uso del nombre en documentos oficiales, la utilización de la forma «València» es más un reconocimiento lingüístico que otro tipo de consideración.

El PP está dispuesto a apurar todas sus opciones para que no se use en exclusiva el nombre en valenciano. Hoy presenta a la comisión de Desarrollo Humano una moción para paralizar la aplicación de la circular 1/2017 del 19 de abril del Ayuntamiento de València, ya que entiende que si el decreto que lo avala está suspendido, también lo estarán todos los actos administrativos que se deriven de él. Esta orden recoge que en toda la documentación, señalización, cartelería, etc., municipal se ha de utilizar la denominación en valenciano, algo que se aplicará también a los organismos autónomos, empresas y fundaciones municipales, entidad pública empresarial y empresas concesionarias.

El Govern de la Nau, sin embargo, rechazará la moción impulsada por Cristóbal Grau al entender que no es una administración competente para determinar una resolución de ese calibre y que en todo caso será la Generalitat, una vez conozca el fallo judicial correspondiente, la que determine qué medidas habrá de tomar. Así pues, el ayuntamiento seguirá usando la forma única de València mientras no resuelva el juez.

El recurso del PP se presentó al entender que la Generalitat Valenciana no había solicitado todos los informes necesarios para autorizar el cambio de nombre de la ciudad. El Consell determinó que la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la entidad competente para decidir sobre la toponimia y su informe es el que avala la forma «València». Pero el PP considera ahora que el dictamen de la AVL es insuficiente.

Sin embargo, en 2009 el entonces teniente de alcalde del PP Alfonso Grau, en un debate con el socialista Juan Soto, que pedía adoptar el logotipo del consistorio en valenciano, sí reconoció que la AVL era el único organismo normativo y competente y se comprometió a usar la forma «Ajuntament de València» en todos los documentos oficiales. Los populares, en la oposición ahora, deshacen el camino de hace ocho años.