La okupación del colegio mayor Luis Vives ya es historia. A las 6 de la mañana, agentes del Cuerpo Nacional de Policía han acudido a las instalaciones para cumplir la orden judicial de desalojo el edificio, okupado desde el 1 de mayo, y devolverle el mismo a su propietario, la Universitat de València. El proceso se ha realizado sin incidentes. Los agentes han identificado a seis personas que se han marchado por su propio pie. No ha habido detenciones.

Desde que el pasado 1 mayo se produjera la primera ocupación de este edificio propiedad de la Universitat de València se ha intentado a través de un proceso de mediación que fuera desalojado de manera pacífica y mediante el diálogo, aunque finalmente ha sido una orden judicial la que ha conseguido ese desalojo. El proceso ha sido mucho más rápido que en procesos particulares.

El primer asalto al colegio mayor Luis Vives se produjo el pasado 1 de mayo, cuando una veintena de okupas entró en el edificio, lo que llevó a la Universitat de València, propietaria del edificio, a incrementar la vigilancia y reponer la valla provisional de seguridad que lo rodeaba.

Un día después, dos vigilantes de seguridad resultaron heridos al intentar impedir que otro grupo de okupas se sumara a los que ya estaban en el interior.

El 10 de mayo, un grupo de cuarenta personas desmontaron parte del vallado de seguridad que rodeaba el edificio y diez de ellos se introdujeron por las ventanas y sustituyeron a los cuatro okupas que permanecían en su interior.

La Universitat reforzó la seguridad con un doble vallado que no evitó un nuevo asalto el 12 de mayo, en el que un número indeterminado de personas rompieron las vallas y accedieron el edificio, tomando su control.

Dos grupos especializados en mediación, la Federación para la Mediación de la Comunidad Valenciana y El Rogle, ha buscado desde mediados de mayo una solución dialogada a este conflicto, durante se han establecido varias veces plazos antes de instar a la justicia a restituir a la Universitat el uso de las instalaciones.

El rector de la institución universitaria, Esteban Morcillo, defendió a mediados de junio que si hubiera habido la mínima posibilidad de llegar a un acuerdo a través de la mediación no habrían "dado el paso" de acudir a los juzgados para pedir medidas destinadas a restituir el edificio a su propietario.

Este colegio mayor fue cerrado en 2012, después de que dos informes independientes y externos a la Universitat, así como un informe de la Unidad Técnica de la institución, detectaran "graves" déficit estructurales que impedían la utilización del edificio por los riesgos que podía suponer para la seguridad de las personas.

Desde entonces se ha trabajado en el análisis de distintas alternativas para poder rehabilitar y recuperar para usos universitarios este edificio protegido, declarado Bien de Relevancia Local, aunque la limitación presupuestaria lo ha impedido hasta ahora

Un juzgado ordenó el desalojo

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia estimó la petición de la Universitat y ordenó el desalojo. La instructora acordó así la medida cautelar solicitada por la Universitat, que recientemente presentó un escrito en el Juzgado solicitando que se oficiara a la Policía Judicial para que se procediera al desalojo del inmueble ubicado en la Avenida Blasco Ibáñez.

A petición de la Universitat, la jueza dictó ayer el auto en el que ordenó a los agentes "que procedan a desalojar a los ocupantes que ilegalmente se encuentran en el inmueble", sede del Colegio Mayor Luis Vives.

En la misma resolución se requiere a la Universitat, como propietaria del mismo, para que "adopte las medidas pertinentes para evitar nuevas ocupaciones" una vez ejecutado el desalojo y recuperada la posesión del bien inmueble.

El desalojo acordado hoy es una medida cautelar dictada en el marco de un procedimiento judicial, en el que ya se ha acordado juzgar a los "okupas" por un delito leve de usurpación de bien inmueble, castigado con penas que oscilan entre los 3 y los 12 meses de multa.

El juicio, ya convocado, aún no tiene fecha. Se celebrará cuando los denunciados designen abogado.