La trama Púnica intentó manipular una encuesta digital de Levante-EMV sobre el polémico proyecto de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez publicada por este periódico el 21 de junio de 2014.

Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportado a la investigación del Caso Púnica y que ayer adelantó el periódico digital "elplural.com", la presunta trama criminal investigada en la Audiencia Nacional por el juez Eloy Velasco por el presunto cobro de comisiones en la contratación de los servicios de reputación online para políticas en administraciones públicas de Madrid, Valencia y Murcia.

Según refleja el informe policial, uno de los conseguidores de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, mantenía una estrecha relación telefónica con el concejal del PP de València, Alberto Mendoza, quien en 2014 dirigía la concejalía de Transportes.

En una de estas conversaciones, Mendoza (actualmente edil en la oposición del Ayuntamiento de València y que también está siendo investigado en el Caso Taula por el presunto pitufeo) pide mediante un mensaje de Whatsapp al empresario Alejandro de Pedro si «puedes hacer algo con esto para que salga positivo». Se trata de la encuesta en la que Levante-EMV preguntaba a sus lectores si «aprobaban llevar a cabo el plan del Cabanyal con las nuevas modificaciones» aprobadas por el equipo de Gobierno de Rita Barberá en 2014.

Cabe destacar al respecto que las encuestas digitales publicadas por este periódico impiden este tipo de manipulaciones. No es posible realizar votos masivos desde una misma IP (la identidad digital de cada ordenador o dispositivo).

De hecho, así lo advierte el «conseguidor» de la Púnica al concejal: «Déjame que lo mire. No sé si controlan que con alguna herramienta de cambio de IP puedas votar varias veces».

Acto seguido se suceden una serie de mensajes en la que De Pedro comunica a Mendoza sus intentos para intentar introducir votaciones favorables al Plan del Cabanyal (ya derogado) y llega a asegurar al edil que «las está metiendo a piñón».

Aunque la relación de las empresas de Alejandro de Pedro con el Ayuntamiento de València fueron más estrechas, según refleja el informe de la Guardia Civil, adelantado por "elplural.com". De Pedro contrató con el Cap i Casal a través de Madiva Editorial y Publicidad SL la «inserción de banners publicitarios» en el diario digital «Ahora Valencia».

Aunque los agentes añaden que «los servicios que prestaba De Pedro excedían este propósito y estaba orientado al posicionamiento online de noticias favorables al equipo municipal y, en concreto, a favor de determinados miembros de la Corporación».

De hecho, la UCO considera que «los servicios de posicionamiento online se disfrazan y pagan como si se tratase de una mera inserción de banners publicitarios cuando, en realidad, es un pago en especie por la plataforma de noticias Ahora Valencia» donde se contrató a un redactor.

Los interlocutores del equipo de gobierno de Rita Barberá con De Pedro fueron los concejales Cristobal Grau, Alberto Mendoza y Miquel Domínguez, además del asesor Julio Valero, por lo que la Guardia Civil considera que todos ellos podrían ser autores de presuntos delitos de fraude y malversación, aunque será el juez Velasco y las fiscales del caso quienes decidan si se les investiga o no. Los cuatro declararon como testigos ante la Guardia Civil por estos mismos hechos.