El Ayuntamiento de València parece haberse cansado de las ocupaciones ilegales en el barrio del Cabanyal y ha decidido pasar a la acción en lo que respecta a los más de 500 inmuebles de su propiedad, una treintena de los cuales, al menos, están en esa situación. La Junta de Gobierno Local decidió ayer instar a sus servicios jurídicos para que denuncien ante los tribunales todos los casos que se presenten y ejerzan las acciones correspondientes hasta el final.
El ayuntamiento de València acumula en estos momentos más de quinientos inmuebles comprados en la época de gobierno del PP para derribarlos y llevar a cabo la prolongación de Blasco Ibáñez. Con la llegada del nuevo gobierno ese plan se derogó, pero había que buscar una solución a esas viviendas, la mayoría de ellas muy degradadas.
Uno de los problemas que se encontraron fue el de las ocupaciones ilegales, incluido un edificio que quiere convertirse en el centro de servicios sociales del barrio (Reina, 117). Y la posición municipal fue siempre de diálogo, con el convencimiento de que así se resolvería el problema.
Dos años después y con varios fracasos en las negociaciones, esas viviendas, sin embargo, siguen ocupadas y ponen en peligro la rehabilitación del barrio, una situación que el ayuntamiento parece estar dispuesto a terminar, ahora sí, por la vía judicial.
Si hasta ahora los servicios jurídicos municipales solo se personaban en los casos cuando había una denuncia de la Policía Local o la Policía Nacional y había un ofrecimiento de acciones por parte del juzgado, a partir de este momento los servicios jurídicos tienen la orden de «personarse de oficio» en todos lo casos conocidos y denunciados para de esta manera «recuperar los inmuebles municipales ocupados».
No ha sido suficiente
El consistorio admite en su resolución que la política llevada a cabo hasta el momento «no ha sido suficiente» para resolver el problema y lanza como argumento principal su intención de «rehabilitar determinados inmuebles para destinarlos a usos dotacionales con el fin de revitalizar el barrio». También recuerda la necesidad de efectuar «labores de conservación y mantenimiento de aquellos otros inmuebles que mantengan la naturaleza jurídica de patrimoniales en el planeamiento vigente», cuestiones ambas que no se pueden llevar a cabo en caso de prolongarse en el tiempo las citadas ocupaciones ilegales.
El encargo a los servicios jurídicos incluye el «seguimiento de las acciones judiciales en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos».
