La Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente considera que los propietarios del hotel Sidi Saler Palace «han acreditado y cumplen los requisitos» para obtener la concesión con la cual podrían volver a reabrir y explotar el edificio.
Así, lo señala Costas en un informe fechado en febrero al que ha tenido acceso Levante-EMV, y en el que detalla que el BBVA y Caixabank «cumplen los requisitos suficientes que les hace merecedores del título concesional contemplado en la Disposición Transitoria 4ª del Reglamento General de Costas, con el 50% de participación en el título, respetando los usos y aprovechamientos concretos de la parcela y del hotel existentes en el momento de aprobación del deslinde, otorgándose por un periodo de 30 años, prorrogables por otros 30, contados desde la fecha de aprobación del deslinde y sin obligación de abonar canon de ocupación». Esta es la propuesta que hace Costas y que queda pendiente de una decisión definitiva por parte del Ministerio.
Un deslinde y un cierre
El hotel, cerrado y sin uso desde hace casi seis años tras la liquidación del grupo Sidi Hoteles, pasó a propiedad del Estado en 2007 al quedar dentro del dominio público terrestre tras un nuevo deslinde aprobado por el ministerio. Esta nueva situación lo dejaba fuera de ordenación e inutilizado.
Sin embargo las empresas propietarias podían solicitar una concesión de los terrenos y el inmueble para resucitarlo, un trámite que iniciaron a finales del año pasado. Costas solicitó durante el proceso, el cual todavía no ha finalizado, informes no vinculantes al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio no ha emitido todavía ninguna información al respecto, mientras que el Ayuntamiento de València ha hecho llegar dos, uno desde el área de Urbanismo y otro desde la Delegación de Devesa-Albufera.
Respecto al primer departamento, según ha podido conocer este diario, explican que el edificio supera las alturas máximas permitidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que limita la edificación en la zona a dos plantas, cuando el hotel tiene seis, por lo que indicaba que el edificio queda «fuera de ordenación. Por su parte, el área de Devesa-Albufera argumenta en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, que el hotel supone un impacto negativo medioambiental, como ya ha venido señalando el gobierno municipal.
Acerca de este informe, la Delegación de Costas indica que Devesa-Albufera «pone de manifiesto, únicamente a nivel cualitativo, sin aportar estudios técnicos que cuantifiquen los efectos, las ventajas de las restauración de los terrenos ocupados por el hotel Sidi en relación con el medio físico, el Parque Natural de la Albufera, la biodiversidad y el paisaje».
Por ello, Costas recuerda que no ha habido informes de la conselleria y que respecto a los del Ayuntamiento de València, «cabe indicar que carecen de pronunciamiento expreso, contienen solo consideraciones de índole urbanístico y ambiental que son ajenas a las previsiones compensatorias que prevé la Ley de Costas, para los que fueron los propietarios de los terrenos que se incorporan al dominio público marítimo-terrestre en virtud del deslinde, y que en su caso, deben ser resueltas por las administraciones competentes en esas materias de manera análoga a como lo hubieran sido de permanecer en su estatus dominical anterior». Por ello señala que los propietarios «han acreditad y cumplen los requisitos suficientes» para ser «merecedores» de la concesión.
Como publicó ayer este diario, Acció Ecologista-Agró ha alegado en contra de este informe favorable a renovar la concesión ya que entiende que sus propietarios «pretenden legalizar una actividad insostenible e incompatible con los valores naturales de l´Albufera»; y añaden que «supone un fraude al ordenamiento jurídico», ya que «tenían hasta 2008 para formular esta petición, que finalmente realizaron en 2016, ocho años después de expirar el plazo legal». También señalaron que no es la conselleria de Obras Públicas a la que se le tenía que requerir informe, sino a la de Agricultura, que indican es la competente en este asunto.
Como ha venido informando Levante-EMV, el gobierno municipal quiere evitar la concesión y que se derribe el hotel, recuperando el cordón dunar. Esta postura, que es defendida a capa y espada por el concejal delegado de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, de Compromís, tiene el apoyo del concejal socialista de Urbanismo, Vicent Sarrià, quien sin embargo también propuso ofrecer a los propietarios una permuta de terrenos.
Por su parte los concejales socialistas Ramón Vilar y Sandra Gómez, ambos de áreas económicas y de empleo, abogaron en su momento por mantenerlo al igual que se protegió la urbanización de la Casbah tras el temporal. Por su parte la asociación de vecinos de la Devesa lanzaron otra propuesta hace meses: que el hotel se destino a equipamientos sociales.
