Dos de las principales comercializadoras de energía de España, Endesa y Gas Natural, han recurrido el concurso público de suministro de electricidad para el Ayuntamiento de València porque consideran que la cláusula incluida en la licitación para combatir la pobreza energética es ilegal. El contrato, con una duración de dos años y dividido en tres lotes, tiene un importe de 38.199.090 de euros (IVA incluido), lo que lo convierten en uno de los más jugosos de la Administración.

Levante-EMV ha tenido acceso a la contestación que el Ayuntamiento de València ofrece al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el que desestima el recurso de las compañías eléctricas al considerar que el consistorio se ajusta completamente a la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana sobre pobreza energética. El tribunal deberá ahora resolver.

El Ayuntamiento de València, atendiendo a esta ley autonómica, ha incluido en el pliego de condiciones administrativas del concurso una cláusula que obligaría a las compañías eléctricas a ayudar a paliar la pobreza energética, es decir, que no podrían cortar la luz a aquellas familias que dejan de pagar el recibo si antes no hay un informe de los Servicios Sociales del consistorio. Este requisito protegería a las familias más vulnerables ante una práctica habitual de las comercializadoras de luz.

Endesa y Gas Natural se amparan en una resolución del pasado mes de marzo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en la que precisamente dio la razón a ambas compañías (llama la atención que de nuevo se repitan los mismo actores) en una licitación del Ayuntamiento de Barcelona en la que se incluían también cláusulas sociales. El gobierno de Ada Colau se ha visto obligado a redactar de nuevo el pliego de condiciones.

Sin embargo, València espera ganar la batalla legal a las grandes eléctricas porque ha aprendido de la experiencia de Barcelona y ha intentado no repetir los mismos errores. La resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público tumbó el pliego de condiciones técnicas al considerar que no se podía obligar a la ganadora del concurso a firmar un convenio para asimilar el 50 % de la factura de la pobreza energética. Sin embargo, en la redacción del pliego de València no se habla de obligatoriedad, sino de «mutuo acuerdo» para firmar un convenio parecido que garantice la protección de las familias más vulnerables.

Así reza la redacción del pliego de condiciones de València: «Durante el primer semestre de la vigencia del Acuerdo Marco el Ayuntamiento de València propondrá, de mutuo acuerdo, negociaciones con la empresa adjudicataria con el fin de celebrar convenios sobre materias como la mejora de los hábitos de consumo, la eliminación de cortes de suministro en periodo invernal o la contribución al ahorro energético y a la implantación y desarrollo de medidas de microeficiencia (definidas en el art.8 de la Ley 3/2017), para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética y con la finalidad de paliar y reducir la misma».

El contrato de 38 millones de euros que ha licitado València está aún en periodo de recibir ofertas. De hecho, se desconoce si Endesa y Gas Natural se han presentado, aunque sus recursos evidencian que no desean que prospere su tramitación. El próximo 11 de septiembre finalizaría el plazo para presentar proposiciones si ningún tribunal lo impide.