El Ayuntamiento de València está dispuesto a plantar batalla a las grandes compañías eléctricas y confirmó ayer que ha rechazado los recursos interpuestos por Endesa y Gas Natural por la inclusión de una cláusula social en el contrato de suministro de energía para el alumbrado público y las dependencias municipales. Tras noticia adelantada en exclusiva por Levante-EMV, el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, asegura que València no se plegará a «los poderosos» y defendió la legalidad del requisito que estipula que compañías deben asumir el coste de la denominada pobreza energética, es decir, no cortar la luz a aquellas familias que se encuentren en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad.
El jugoso contrato sobre el suministro de luz que ha sacado a concurso el Ayuntamiento de València, de 38,1 millones de euros, incluye una cláusula que impide a las compañías eléctricas cortar la luz a un cliente sin pedir antes un informe a los servicios sociales municipales que acredite que el abonado dispone de recursos suficientes. «Entiendo que este concurso público, que incluye cláusulas sociales contra la pobreza energética, pueda molestar a los poderosos, pero por esa razón estamos aquí. El Gobierno de Joan Ribó tiene como principal objetivo rescatar personas. El Govern de la Nau defenderá el interés de los vecinos de València por encima del interés de las grandes corporaciones eléctricas», dijo Campillo.
Así, el Ayuntamiento de València, ha rechazado el escrito presentado por las compañías eléctricas Gas Natural y Endesa ya que una ley autonómica, aprobada por el parlamento valenciano el pasado mes de enero, exige a las administraciones paliar y reducir la pobreza energética en el territorio valenciano a través de cláusulas como la que ha incluido el Ayuntamiento de València en el pliego de condiciones del concurso.
Por ello, el consistorio valenciano ha presentado ya alegaciones ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para desestimar los escritos presentados por Gas Natural y Endesa en el Tribunal Central de Contratos. El ayuntamiento explica que los artículos recurridos por las eléctricas se han basado en el articulado de la Ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana, de obligado cumplimiento para la administración local. Concretamente se trata del apartado segundo de la disposición adicional 3ª.
«Estamos plenamente convencidos de la legalidad de las cláusulas sociales ya que han pasado todas los filtros jurídicos del Ayuntamiento de València y, por supuesto, defenderemos su legalidad y vigencia. Además, me entristece que las grandes compañías eléctricas que, junto con la banca, son las que peor imagen tienen entre la ciudadanía, no aprovechan oportunidades como esta para unirse al clamor social que quiere que las empresas tengan una responsabilidad social corporativa real», aseguró Sergi Campillo.
Los precios de la luz
Por otra parte, el concejal de Gobierno Interior también ha defendido una segunda cláusula del concurso en la que se determina que los precios que pagará por la luz el consistorio en ningún caso podrán superar los precios establecidos en otros Acuerdos Marco suscritos por la adjudicataria con otras administraciones. De esta forma, el ayuntamiento tiene la opción de adherirse al menor precio de la luz, independientemente del precio ofertado en el concurso. Una cláusula, según explica el concejal Sergi Campillo, introducida «para defender los intereses y los recursos de los valencianos».
Hay que recordar que tanto Endesa como Gas Natural ya recurrieron y consiguieron paralizar el concurso de energía licitado en Barcelona porque incluía cláusulas sociales. A diferencia del caso catalán, el de València cuenta con el respaldo de una ley más concreta y un pliego de condiciones más claro y factible.
