El concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, volvió a defender ayer la legalidad del contrato de suministro de energía licitado por su departamento, e insistió en que la inclusión de una cláusula social para combatir la pobreza energética «es obligatoria, pues así lo estipula la ley valenciana».

Sobre el recurso presentado por las eléctricas Endesa y Gas Natural, que ya consiguieron tumbar la licitación del Ayuntamiento de Barcelona por un contrato de suministro de energía que incluía una cláusula parecida, Sergi Campillo no tiene duda de que en València no prosperará, ya que la legislación es diferente. «Nuestra ley es mucho más clara que la catalana. La catalana obliga a las administraciones a luchar contra la pobreza energética de manera más genérica. En cambio, la valenciana lo que habla es de la obligación de incorporar cláusulas sociales en los procesos de licitación, por lo que la iniciativa del Ayuntamiento de València se ajusta por completo a la ley». Hay que recordar que la ley valenciana contra la pobreza energética fue aprobada en enero de este año sin ningún tipo de alegaciones y las eléctricas, aunque fueron invitadas a participar en el proceso, no se sumaron al debate.