Once familias de pocos recursos han intentado ocupar un edificio destinado a vivienda pública de alquiler situado en el PAI de Les Moreres de Natzaret que lleva, según aseguran, «ocho años vacío». Ante su «precaria situación» y la falta de un casa digna, optaron por abrir los pisos e instalarse, pero tanto la Policía Local como la Policía Nacional intervinieron para desalojar a las primeras familias que lo intentaron. Ahora, el colectivo de etnia gitana, formado por unos 30 menores y 25 adultos, reclama al Ayuntamiento de València «una solución», ya que están pasando las noches «al raso» a la espera de poder regresar al inmueble. La finca es una promoción de Aumsa -la empresa urbanística municipal- que todavía no la ha recepcionado oficialmente porque el constructor, con problemas económicos, no ha terminado las obras, según explicó el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià. El edil socialista quiere acelerar los trámites para poder dar uso, cuando antes, a los 11 pisos que se encuentran bloqueados desde hace años.
Las once familias afectadas llevan cuatro días esperando que el Ayuntamiento de València les ofrezca una alternativa. «Ocupamos las viviendas porque vivimos en otras casas muy precarias, con ratas cucarachas y donde ni siquiera los perros quieren dormir. Cuando entramos al edificio había unos rumanos desmantelando los pisos y los echamos. Cambiamos las cerraduras y nos instalamos, pero enseguida vino la policía y nos sacaron. Ya eran nuestros domicilios y no pueden echar sin una orden ni nada, pero incluso tiraron las puertas abajo», denuncia Juan Cristóbal Córdoba, portavoz del grupo de gitanos españoles que aguarda fuera del edificio.
Córdoba asegura que han pedido al Ayuntamiento de València viviendas sociales y que, en algún caso, «llevamos 20 años esperando». «Que quede claro que nosotros queremos pagar un alquiler social, la luz, el agua y la comunidad, pero necesitamos un lugar digno para vivir. Lo que no puede ser es que esta finca lleve años cerrada y no podamos usarla», lamentó el portavoz.
La empresa constructora puso dos guardas de seguridad para evitar nuevas ocupaciones, mientras una unidad de la Policía Local vigila en las afueras del edificio para que no se produzcan incidentes. «Cortaron incluso la luz y el agua», lamenta Juan Cristóbal Córdoba, que asegura que las familias no se van a mover hasta que el ayuntamiento les ofrezca una solución.
