El intento de ocupación por parte de once familias gitanas de un edificio del Ayuntamiento de València en Natzaret, que lleva ocho años cerrado e inacabado por los problemas económicos de la constructora, ha reavivado uno de los problemas acuciantes con los que se ha encontrado el Govern de la Nau, la alarmante falta de vivienda de promoción pública y la irrisoria oferta de inmuebles para familias sin recursos. El complejo galimatías municipal para gestionar los diferentes tipos de viviendas está compuesto por tres concejales, María Oliver (València en Comú), Vicent Sarrià (PSPV) e Isabel Lozano (Compromís). Los tres reconocen el enorme déficit del «cap i casal» y señalan al Partido Popular como causante de la situación actual «tras abandonar las políticas sociales en materia de viviendas».
Vicent Sarrià radiografía la situación que se encontró en Aumsa, empresa de promociones públicas: «Aumsa solo tiene unas cuatrocientas vivendas de promoción pública, de las cuales 100 estaban sin alquilar cuando llegamos, por la dejadez evidente del PP. Hoy todas están adjudicadas». El edil socialista asegura que el PP «tampoco se preocupó de aumentar el número de inmuebles porque no se lo creía, mientras que dentro de nuestras posibilidades hemos comenzado a licitar pequeñas promociones en aquellas zonas que necesitan revitalizarse, como Ciutat Vella».
Sobre la situación del edificio de Natzaret, Sarrià explica que en cuanto resuelvan los problemas con el constructor -se ha comprometido a acelerar las gestiones- esas viviendas serán alquiladas «porque hay una gran demanda» y siempre «bajo los requisitos para optar a este tipo de alojamiento». «Lo que no puede ser es que se presenten allí unas familias y quieran ocuparlos porque sí. Tenemos lista de espera que se ha de respetar», argumenta.
Por su parte, la concejala de Patrimonio, María Oliver, está elaborando el Plan Estratégico de la Vivienda para la ciudad de València que, entre otras cuestiones, debe resolver muchas de las carencias actuales. La edil de València en Comú asegura que, como el parque de pisos públicos es tan escaso, el consistorio opta por subvencionar el alquiler a aquellas familias con menos recursos. «En 2016 destinamos 1,2 millones de euros y este año, en función de la demanda, tuvimos que elevar las ayudas hasta los 2 millones. Seguirán creciendo si hace falta», sostiene.
Oliver apuesta por una Aumsa que construya también para atender el déficit en vivienda para familias en riesgo de exclusión. «Creo que la empresa tienen que cambiar el chip heredado del PP», señala. Su colega de gobierno, Vicent Sarrià, dice que si el Ayuntamiento lo pide, Aumsa también puede desempeñar esta función.
Mientras, Patrimonio admite que necesita acelerar la rehabilitación y construcción del medio millar de casas y solares en el Cabanyal, que provienen del plan que el PP tenía para reformar el barrio, «expolio» según los tribunales.
La concejala de Igualdad, Isabel Lozano, gestiona mientras 101 viviendas para familias en exclusión social, una cifra sonrojante para el tercer ayuntamiento de España. «Si tuviéramos 500 estarían llenas, pero esto es lo que nos dejó el PP. Estamos rehabilitando y adecuando poco a poco nuevos inmuebles», explica la edil de Compromís.
