El Consorcio València 2007 tendrá que renunciar a una subvención de 180.000 euros de los fondos estructurales europeos Feder concedida a la Marina de València el pasado mes de julio dentro del programa para la «modernización comercial de Zonas de Gran Afluencia Turística». La Abogacía del Estado considera, en un informe previo a la firma del convenio para la recepción de las ayudas, que el Consorcio no puede ser beneficiario por su situación económica-financiera, al no estar al corriente del pago de sus deudas con el Estado.
Un informe que, pese a no ser vinculante será tenido en consideración en el próximo consejo rector, y que ha caído como un jarro de agua fría en el equipo del actual director general del Consorcio, Vicent Llorens, que da por perdida la subvención. Los actuales responsables de la gestión de los espacios construidos para la Copa del América insisten en que la marina ya está generando ingresos y sería autosuficiente si el Gobierno resolviera los problemas «estructurales y burocráticos» que existen. En el último año, el Consorcio ha incrementado en 1,5 millones de euros los ingresos, hasta situarse en 5,7 millones. Las pérdidas se han reducido de 1,6 millones a 196.000 euros.
La solución a la deuda pasa, según sostienen las administraciones valencianas, por que el Estado asuma las deudas generadas por las obras de la Copa del América (más de 400 millones de euros,entre el crédito del ICO y sus derivados) como hizo con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para el equipo de Llorens, resulta paradójico que el Gobierno pida que se rentabilice la marina y al mismo tiempo mantenga bloqueada la negociación para resolver la insostenible situación financiera del organismo.
La Abogacía del Estado manifiesta en su informe serias dudas jurídicas sobre la posibilidad del Consorcio de ser beneficiario de las ayudas Feder y recuerda que debe informar a Bruselas de que es deudor del ICO, del Tesoro y de la Agencia Tributaria. Incluso recuerda que la Autoridad Portuaria le reclama el pago de tasas portuarias y que un club náutico ha denunciado en la UE las ayudas públicas que recibe.
El proyecto que presentó Llorens a la convocatoria de ayudas para la modernización de zonas de gran afluencia turísticas (declaración de la que goza la Marina de València), impulsado por la Cámara de Comercio de España, contempla varias acciones, encaminadas a mejorar el espacio de la marina y atraer usuarios e inversiones. Entre ellas, la peatonalización del entorno del Tinglado 2, un espacio que la nueva estrategia del Consorcio quiere convertir en una zona de uso público libre de coches y con una movilidad basada en el peatón y la bicicleta. También prevé la instalación de fibra óptica en todo el recinto, inversión clave en una zona donde se están implantando empresas tecnológicas y de innovación; la renovación de la iluminación y una nueva señalización.
El informe de la abogacía cuestiona igualmente que el Consorcio pueda ser beneficiario de las ayudas europeas por no ser técnicamente un ayuntamiento, como establecen las bases de la convocatoria. La figura de gestión de la marina es precisamente otro de los asuntos a negociar con el Gobierno. El consorcio resulta poco operativo por que la mayoría de decisiones debe pasar por el consejo rector, donde hay representadas tres administraciones de distinto signo político no siempre bien avenidas. El nuevo director general apuesta por una figura similar a la de una agencia de desarrollo local que agilice la toma de decisiones. Este será uno de los puntos a tratar en el próximo consejo rector anunciado para este mes pero aún sin fecha.
