El grupo municipal del PP denunció ayer la adjudicación de contratos por 180.000 euros sin concurso para la celebración del festival «Bonica Fest», llevado a cabo el pasado fin de semana y en el que participaron, según el balance realizado ayer por el concejal de Mercados, Carlos GAliana, participaron 60.000 personas. Galiana, que no quiso valorar las declaraciones del PP, hizo ayer balance, en rueda de prensa de esta segunda campaña del Bonica Fest, que se ha cerrado con un incremento de participación del 20%.

«Si tuviera que destacar algo, destacaría el buen rollo», manifestó Galiana quien afirmó que se ha logrado el objetivo fundamental de la campaña, que contó con el apoyo de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que es «acercar los mercados a la ciudadanía en un ambiente lúdico y festivo, que invite a conocer más de cerca la oferta de calidad que realizan cada día los mercados municipales».

Menos positiva se mostró la concejala del PP María Jesús Puchalt quien acusó al regidor de comercio de haber «adjudicado a dedo sin convocar un concurso público» la campaña de promoción de mercados municipales Bonica Fest. Se trata, según Puchalt, de «una práctica habitual de los concejales del tripartito» y puso como ejemplo que en dos años el gobierno del alcalde Joan Ribó «ha concedido más de 30 millones de euros divididos en más de 5.000 contratos menores».

Según el PP, la campaña ha sido un 80 % más cara que el año pasado, con un coste global de 178.466 euros, y la participación de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, y los concejales de Compromís ha servido para aprovecharse de «el montaje pagado con dinero público para hacerse fotos y vídeos para difundir su imagen.

Puchalt añadió que el importe total de la campaña se ha dividido en diez contratos menores y acusa al ayuntamiento de un posible «fraccionamiento indebido de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público». Añadió que, a pesar de que el abuso de este tipo de contratos por parte del tripartito es «flagrante», «se trata de una fórmula legal siempre y cuando esté debidamente justificada y se garantice que no hay un menoscabo del derecho a la pública concurrencia».