La Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Cave-Cova, anunciaba ayer que no guardará silencio si se autoriza la «quema controlada» de la paja del arroz en el Parc Natural de l´Albufera. En un escrito remitido a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, advierte de que no dudará en «adoptar todas las medidas legales que procedan en derecho para oponernos a esta actividad». La actividad, permitida el año pasado por el Consell, no cumplía las condiciones decretadas en cuanto a la contaminación atmosférica, según los datos de la estación que mide la calidad ambiental en plena Albufera». «O se persona el Seprona con un medidor de estas características en cada punto de quema o esta quedará, como siempre, a la discreción de cada agricultor», esgrimen.

A mediados de octubre del año pasado las condiciones meteorológicas provocaron una densa humareda en València ciudad y el entorno del parque natural, pese a las restricciones impuestas por Medio Ambiente. El tema ha causado no pocas desavenencias en el seno de la conselleria, pues su titular, Elena Cebrián, anunciaba en agosto tras reunirse con los arroceros, que volverían a permitirse las quemas controladas como método de control para las plagas. Acto seguido el secretario autonómico, Julià Alvaro, apostillaba en su blog: «La quema masiva del año pasado no puede volver a repetirse». Lo cierto es que la siembra ha empezado y la resolución con el calendario de quemas se espera para finales de mes, según fuentes de la conselleria consultadas ayer por este periódico.

Vecinos y consumidores recriminan a la conselleria de Cebrián que se han recibido «cuantiosas subvenciones europeas» para poner fin a la práctica de la quema. Unos fondos, denuncian, por los que «no ha rendido cuentas ni conclusiones» ninguna administración pública beneficiaria «ni en el pasado ni en el presente hasta hoy». Una omisión, que en su opinión, «vulnera el requisito de transparencia que ha de velar la gestión del erario público europeo». Y recuerdan que el humo de la quema afecta a la contaminación atmosférica, la lucha contra el cambio climático, además de «la grave afectación» que supone para los sectores más vulnerables de la población.

Cave -Cova aprovecha para recordar la Directiva Europea de 2008 que establece la prohibición de estas prácticas en todo su territorio, «una vez se concluye la efectividad de las alternativas, fruto de numerosos estudios subvencionados». El documento incide en que tienen constatado «que ni los agentes que intervienen directamente con sus actividades en el Parc Natural de l´Albufera - caza, arroceros, pesca o turismo-, ni las numerosas y diferentes entidades gestoras del humedal, han demostrado coordinación alguna» en pro de la preservación. Tampoco del mantenimiento sostenible del Parc ni del cumplimiento de las directivas europeas, para concluir que «inexorablemente, l´Albufera sigue su proceso de degradación frente a la desorganización incontrolada y lamentable a la que está sometida».