El Tribunal de Cuentas considera, en su último informe de fiscalización de los consorcios, que el Consorcio Valencia 2007, el órgano donde están representados Gobierno, Generalitat y ayuntamiento, y que gestiona la Marina de València, es una «empresa estatal no financiera dependiente del Ministerio de Hacienda». Como tal sería el departamento de Cristobal Montoro el que tendría que hacerse cargo de la deuda, superior a 400 millones de euros, que asfixia desde hace años al Consorcio y cuya condonación reclaman las administraciones valencianas. Así, al menos, lo argumentan los diputados socialistas valencianos Ana Botella y Julián López en la proposición no de Ley que acaban de presentar al Congreso, para su debate en la Comisión de Economía, en la que instan al Gobierno de Mariano Rajoy a «adoptar con carácter urgente medias para la resolución del crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial al Consorcio València 2007».
Los parlamentarios socialistas dan, de este modo, un paso más en la reivindicación de la Generalitat y el Ayuntamiento de València de que el Gobierno asuma el crédito y sus derivados con el que se pagaron las obras de la Copa del América, al igual que hizo con la Expo de Sevilla y las Juegos Olímpicos de Barcelona.
Botella y López aluden en su proposición no de ley a la auditoria de las cuentas del Consorcio de 2016, de la que informó este diario, que alerta del que el Consorcio no podrá continuar con su actividad debido a la «incertidumbre sobre su capacidad financiera». La última auditoría del Consorcio, apunta la diputada socialista, «evidencia la urgencia de la intervención del Gobierno» de España para dar «viabilidad» económica al Consorcio y «resolver definitivamente» su capacidad financiera. Tal como se ha publicado, el Gobierno se comprometió a celebrar un consejo rector del Consorcio este mes, el cual ya está a punto de concluir sin que haya fecha prevista para el mismo.
Los parlamentarios socialistas piden al Gobierno que ponga fin «al crecimiento continuado de gastos financieros, embargos y litigios que se han producido en los últimos cinco años» en el Consorcio y en la Marina de València, cuyos actuales gestores aseguran que sin deuda financiera, la marina ya estaría prácticamente en situación de beneficios.
La principal fuente de ingresos del Consorcio es el alquiler de amarres, seguido de las concesiones destinadas a espacios de innovación, gastronomía y ocio, como Lanzadera, el «Veles e Vents» y el Club de Playa. La marina está generando casi seis millones de euros de ingresos, insuficientes a todas luces para devolver los 320 millones que le reclama el ICO y los 63 del Santander.
En su exposición de motivos, Botella recuerda que desde mayo de 2014, tras la modificación de los estatutos del Consorcio en la que se redujo el número de representantes del Gobierno en el consejo rector del Consorcio, este pasó a formar parte de los consorcios controlados por el Estado. Además de la adscripción legal y dependencia económica de la Administración General, el consorcio no puede tomar ninguna decisión sin el beneplácito del Gobierno, que en la última modificación estatutaria se reservó el derecho de veto en las cuestiones económicas y financieras.
Los diputados socialistas sostienen que el Consorcio València 2007, creado para rentabilizar las obras de la Copa del América y generar retornos para devolver el crédito del ICO, tiene una «inequívoca vocación de servicio público». Según el Tribunal de Cuentas, este tipo de organismos «no tienen ánimo de lucro» y «no se financian principalmente por ingresos obtenidos de la entrega de bienes o la prestación de servicios». De hecho, en los estatutos del Consorcio, las administraciones tenían la obligación de realizar aportaciones patrimoniales para contribuir a la sostenibilidad financiera del Consorcio, un compromiso que no se está cumpliendo, lo que agrava la situación de asfixia económica de la Marina y lastra su gestión.
