Se acabaron «las excusas» para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Estado deberá financiar con 38 millones de euros el transporte metropolitano de València el próximo año o estará perjudicando sin argumentos al «cap i casal» y a las 60 localidades que se están integrando, poco a poco, en la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV). Así de contundente se mostró ayer la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras la primera reunión del consejo de administración de la ATMV, en la que además se aprobó un presupuesto inicial de 14 millones de euros para «gastos de funcionamiento» de la entidad autónoma. La Autoridad también nombró a María Pérez Herrero como directora gerente de la entidad.
La consellera aseguró que la Generalitat y los ayuntamientos «cumplimos con todos los requisitos, hemos llegado a los acuerdos necesarios para que el Gobierno de España subvencione el transporte metropolitano que nos corresponde». «Hemos cumplido. Finiquitamos todos los deberes y condicionantes para tener la subvención», aseveró. «Durante todos estos años hemos dejado de recibir 300 millones y ahora no hay más excusas», recordó Salvador.
El Consell «no contempla otro escenario en 2018» que no sea recibir la subvención de 38 millones de euros que ha calculado que necesita el transporte metropolitano de València para crear el billete único en el que funcionarán conjuntamente los autobuses interurbanos, el metro, el tranvía y los buses de la EMT.
Además, la dirección de la ATMV ha de comenzar las negociaciones con Renfe para que se incorpore con su servicio de Cercanías «a la integración tarifaria y a fomentar la intermodalidad». «Pero esta integración no será posible si el Gobierno de España no aporta los 38 millones de euros en los presupuestos generales de 2018», insistió Salvador.
La cuestión es saber si el Gobierno de España tendrá voluntad de aportar esos 38 millones de euros y si puede hacerlo. De la primera cuestión el Consell no duda de que el Estado está obligado a subvencionar a València, como hace en Madrid, Barcelona o Canarias. En cambio, si el presidente Mariano Rajoy no es capaz de conseguir los apoyos políticos para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018 -la crisis del referéndum de Catalunya puede hacer saltar por los aires todas las previsiones-, entonces debería prorrogar las cuentas de 2017, lo que sería un duro mazazo para la Autoritat del Transport.
La ATMV se limitará -hasta que llegue la ansiada subvención- «a mejorar la información al usuario y centralizarla, planificar las redes de transporte, aprobar el nuevo mapa concesional para las líneas de autobús interurbano y redactar un plan de movilidad sostenible metropolitano».
Con los 14 millones de euros que aporta la Generalitat Valenciana para los «gastos de funcionamiento» la ATMV, se debe buscar una sede para la entidad autónoma, dotarla de personal y comenzar a desarrollar sus primeras políticas metropolitanas, aunque desde Conselleria recordaron que ya se aportan 1,8 millones de euros (junto con la Diputación) para sufragar el bono trasbordo AB.
Pero sin los 38 millones de euros del Estado ni se podrá aspirar al billete único, ni a mejorar frecuencias de buses y metros o aumentar la flota.
Fichaje de París
El consejo de administración de la ATMV constituido está formado por 14 miembros: siete designados por la Generalitat; dos en representación de los municipios y que son el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, nombrados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y cinco miembros que designará el Ayuntamiento de València una vez se firme el convenio entre el consistorio y la Generalitat, ya que al ser el único municipio que tiene una empresa pública de transporte urbano es necesario un convenio de adhesión particular. Previsiblemente estos miembros serán los concejales del equipo de gobierno Giuseppe Grezzi, María Oliver, Vicent Sarrià, Pilar Soriano y el gerente de la EMT València, Josep Enric García Alemany.
La nueva directora gerente de la entidad, María Pérez Herrero, es licenciada en Economía por las universidades de València y Nantes y tiene experiencia profesional e investigadora en la evaluación de políticas públicas de sectores como el transporte. Desde julio de 2010, trabajaba en el gestor de infraestructuras ferroviarias francés en París, desarrollando evaluaciones de políticas públicas.
