Vuelta a los orígenes. Dos años y tres meses después del acuerdo que cimentó las bases del cambio político en el Ayuntamiento de València, el Govern de la Nau regresó ayer al escenario donde se concibió, la sede fundacional de la Universitat, para pasar por la ITV. La «puesta a punto» para el nuevo curso político pasaba por actualizar los compromisos y líneas estratégicas de acción, examinar el grado de cumplimiento del programa en el ecuador de la legislatura y dejar encarrilado el presupuesto de 2018, en un cónclave de cuatro horas en el que también hubo hueco para la introspección, la autocrítica y la limadura de asperezas entre los tres grupos que integran la coalición.
La urgencia de conseguir agilizar el funcionamiento de la administración local para desatascar el tapón de expedientes y de inversiones cuya ejecución se demora en el tiempo fue una demanda compartida por todos los portavoces. El alcalde, Joan Ribó, admitió que articular una gestión «mucho más ágil y eficaz» es uno de los mayores «retos» a los que se enfrenta la corporación. «Lo que que en Barcelona o Madrid se hace apretando una tecla, en València puede costar una semana de un trabajador cualificado», ahondó.
En esa línea, el munícipe hizo hincapié en la necesidad de renovar una infraestructura informática obsoleta de los años 80 que ralentiza el funcionamiento diario del ayuntamiento. Aunque en 2018 se contempla una partida económica para implementar esta modernización, unida al refuerzo del servicio de contratación, el alcalde advirtió de que «no es una cosa que se pueda hacer en un año», sino que se hará de forma paulatina porque requiere «mucho trabajo de formación a los empleados».
Ribó culpó al Plan de Ajuste que impone el Ministerio de Hacienda de las restricciones para aplicar este tipo de medidas de mejora, a las que se suma la demandada ampliación de la plantilla municipal. «Cuadrar los números del presupuesto no es fácil», recalcó antes de empezar la reunión. El aviso llevaba implícito un mensaje para rebajar las expectativas de los regidores de rascar más dinero para sus áreas. «La voluntad de la gente es que se hagan más proyectos de los que podemos abordar», dijo.
Órgano de evaluación
La portavoz de València en Común, María Oliver, propuso la creación un órgano de seguimiento en el que se integren los portavoces para evaluar el ritmo y el proceso de cada inversión, con tal de «desbloquear situaciones y problemas que se enquistan» y retrasan los proyectos pendientes, aludiendo a las tres escuelas infantiles que urge a municipalizar en 2018.
Aunque la idea va a estudiarse, en alcaldía recalcan que ya existen otros órganos similares y niegan que el nivel de ejecución del presupuesto sea bajo, como denuncia la oposición, incidiendo en que se maneja un presupuesto global de inversiones mucho más alto que en anteriores legislaturas. En su intervención, Ribó manifestó que el Govern de la Nau «trabaja de manera coordinada y con eficacia» pese a las «diferencias». Prueba de ello, apostilló, es que «entre las grandes ciudades, València ha sido en estos años la primero en tener los presupuestos listos».
El cónclave puso encima de la mesa los deberes de los edils para el nuevo curso. Pere Fuset (Compromís) puso el foco en los proyectos sociales en marcha en los barrios de Malilla, Orriols, Torrefiel, Natzaret o Cabanyal y pidió fondos en el presupuesto para completar la red de transporte público, mejorar los servicios de jardinería y limpieza y por revitalizar Feria València y la Marina como elementos dinamizadoras de la ciudad.
La socialista Sandra Gómez priorizó el fomento de sectores ligados a la innovación, la regulación de los apartamentos turísticos y la apuesta por un «microurbanismo» que «ha de consolidar la calidad de vida en todos los barrios» -especialmente Sant Marcel·lí, Ciutat Fallera o Cabanyal- y remodelar las principales plazas. Entre los retos, subrayó la aprobación del nuevo PGOU y la construcción de dos centros más de mayores.
