Otra vez la Delegación de Gobierno, dirigida por el popular Juan Carlos Moragues, ha acudido a los tribunales para frenar una medida impulsada por el Ayuntamiento de València. Si en anteriores procesos logró que se rotularan las señales en bilingüe y no solo en valenciano como inicialmente hizo el consistorio, ahora el abogado del Estado, en nombre de la Delegación, ha presentado un recurso para frenar la contratación de más personal para la dependencia «por vulnerar la normativa presupuestaria». El Govern de la Nau, en boca de sus concejales Sergi Campillo (Contratación) y Consol Castillo (Bienestar Social) acusaron ayer al PP y a Moragues de «boicotear» su plan para agilizar las evaluaciones de los enfermos y mostraron su indignación por un recurso que calificaron como «una vergüenza» y que se ha interpuesto «con maldad».
Sergi Campillo y Consol Castillo explicaron que el recurso presentado por la Delegación del Gobierno pretende anular el acuerdo de modificación de plantilla que permitía al Ayuntamiento contratar, con la subvención de 3.151.450 euros de la Conselleria de Igualdad, personal para llevar a cabo la valoración de miles de personas en situación de dependencia. Los dos concejales del Govern de la Nau reclamaron «a la Delegación del Gobierno, al gobierno de España y al Partido Popular que retiren inmediatamente ese recurso porque están poniendo en peligro el bienestar de esos miles de vecinos y vecinas de València».
«El Partido Popular, en lo que nosotros consideramos el recurso de la vergüenza, nos insta a anular ese acuerdo de modificación de plantilla y con ello imposibilita la contratación de personas y la valoración de los miles y miles de personas de nuestra ciudad que están en situación de dependencia esperando a ser valoradas», explicó el concejal de Gobierno Interior y Personal. «El recurso ataca a la autonomía local y nosotros no vamos a aceptar que, en ningún caso, caso el gobierno Central en manos del Partido Popular impida que atendamos a tantas personas que están esperando a ser valoradas para acceder a su derecho a la Ley de Dependencia», anunció.
Campillo recordó el trabajo «muy duro realizado durante estos meses en el Servicio de Personal para poder tener a punto las bolsas». «La semana pasada constituimos la de trabajadores sociales y en los próximos días constituiremos la bolsa de educadores sociales», insistió.
El edil de Compromís calificó de «vergüenza mayúscula e indecencia» que el PP quiera impedir que se valore la dependencia. «Se les habría de caer la cara de vergüenza por este recurso en el que la Delegación del Gobierno pide al juzgado que suspenda cautelarmente el acuerdo tomado por el Pleno el 30 de marzo pasado, con la intención de impedir las nuevas contrataciones. Pero voy a ser muy claro: nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta en defensa de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que están en una situación complicada», explicó el concejal de contratación.
En la rueda de prensa en la que comparecieron ambos miembros del Govern de la Nau, Campillo habló de «boicot del Partido Popular» a la valoración para que las personas no puedan acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia. «Quieren ahogar el éxito de las políticas sociales del Govern del Botànic y del Govern de la Nau», se quejó, y recordó «la reducción que ya han hecho de miles de personas de la lista de espera».
Más tarde dijo que «a quien ataca este recurso no es al Govern de la Nau, es a las personas que están esperando ser valoradas». «El Partido Popular quiere dejarlas en la estacada, quiere dejar en la cuneta a miles y miles de vecinos y vecinas que están esperando su valoración para acceder a las ayudas», aseguró.
«La Delegación del Gobierno ha impugnado vía judicial el acuerdo del Pleno del día 30 de marzo que se refería a una modificación de la plantilla que teníamos que hacer para asumir las competencias de valoración de la dependencia que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha determinado que se haga a través de los ayuntamientos, y para eso ha subvencionado con más de 3 millones de euros este año la contratación del personal necesario», detalló Campillo.
Con ese dinero está previsto contratar a un total de 62 personas entre técnicos medios, técnicos auxiliares, subalternos, personal administrativo, educadores sociales, sociólogos, psicólogos y agentes de desarrollo.
«Han actuado con maldad»
Idéntico malestar ante este recurso y firmeza para exigir su retirada mostró Consol Castillo, la concejala responsable del área de Desarrollo Humano. «En política no vale todo -dijo-, y este recurso que Sergi Campillo ha valorado como el de la vergüenza se ha hecho desde la maldad y esconde un gran contenido de maldad, porque detrás hay una gran cantidad de personas vulnerables»,
Castillo informó de que, según un informe realizado a finales de 2016, «detectamos que había valoradas en situación de dependencia alrededor de 10.500 personas, de las que el 60% son mujeres». Por otro lado, en torno al 60 % del total de personas con algún grado de dependencia reconocido es mayor de 64 años, el 28´15% tiene entre 85 y 94 años, y el 19´22% entre 75 y 84 años. «Por otro lado, que más del 98% de las personas dependientes tienen nacionalidad española, son personas de aquí que viven aquí», remarcó.
