La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el Govern de la Nau deja en el aire el acuerdo inicial alcanzado con la Iglesia para calificar como suelo de servicio público de carácter privado el suelo que ocupan los templos e instalaciones anexas de la ciudad, grafiados en el actual plan general de 1988 como suelo de servicio público de carácter general. Así lo recoge el informe de alegaciones al segundo proceso de exposición pública aprobada ayer en la comisión de Desarrollo Urbano. La Iglesia solicitó al anterior gobierno del PP que se reconociera el carácter privado de la dotación y este aceptó el cambio de calificación considerando necesario atribuirles la naturaleza privada que les correspondía y reflejarlo así en el mapa global de dotaciones. El Govern de la Nau, sin embargo, ha dejado en el aire este acuerdo, según recoge el informe de alegaciones del segundo proceso de exposición al público de la revisión del plan general, iniciado en 2014, con el anterior gobierno, que recibió 22.5000 alegaciones, y al que el nuevo gobierno del tripartito (Compromís, PSPV y València en Comú) ha dado un giro para dar mayor protección a la huerta, eliminando cinco sectores urbanizables, y varias infraestructuras viarias con un importante impacto sobre la huerta.
El informe de alegaciones asegura que este cambio de calificación del suelo que ocupan las iglesias se decidirá en función de las necesidades dotacionales de los barrios, algo que se verá en la revisión pormenorizada y barrio a barrio anunciada por el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià.
El Govern de la Nau aplica así el mismo criterio a las iglesias que a los colegios concertados, cuyas parcelas fueron calificadas en su día como sistema educativo público para blindar este uso y cuya expropiación se condiciona al informe de necesidades educativas que haga la Generalitat en la revisión pormenorizada.
Dentro de las revisiones de acuerdos anteriores también se incluye el convenio de la Almoina, que será objeto de revisión de las tasaciones.
En relación a las dotaciones, el ayuntamiento ha rechazado la alegación presentada por el Colegio de Arquitectos para agilizar la expropiación de suelo grafiado por uso dotacional. El Govern de la Nau asegura que el coste de las expropiaciones del suelo dotacional pendiente en la ciudad es insostenible. Sí que aceptan la alegación de los arquitectos para que facilitar la implantación de superficies comerciales de entre 2.000 y 6.000 metros cuadrados en la ciudad, actualmente limitados por la exigencia de que los accesos estén en un calle de 40 metros de anchura, requisito que ahora se rebajará a 25 metros.
La revisión del gobierno tripartito, como se ha publicado, elimina la prolongación de Blasco Ibáñez y aboga por la rehabilitación del Cabanyal y elimina la reserva de suelo para el acceso norte del puerto. El Govern de la Nau renuncia a la reversión de la ZAL pero exige medidas correctoras del impacto paisajístico y mejora de la movilidad.
El grupo municipal del PP denunció ayer que la revisión del PGOU y el nuevo modelo territorial que impulsa el gobierno tripartito "carece de respaldo de ningún informe técnico ni jurídico", es un proceso "oscuro" que roza de la "ilegalidad".
