La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas doblará en 2018 la partida presupuestaria destinada al Punto de Encuentro Familiar. Así, la Generalitat Valenciana pasará de los 130.000 euros que aportaba este año a un total de 260.000 euros. Este notable aumento se debe al compromiso que adquirió la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra con la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, por el que el Consell asumiría poco a poco la financiación de este servicio de mediación, al igual que ocurre en el resto de municipios de la Comunitat Valenciana.

El Punto de Encuentro Familiar es un lugar de mediación que facilita el acuerdo entre los miembros de la familia en crisis para garantizar el derecho de los hijos a mantener una relación adecuada con sus padres biológicos y otros parientes o allegados, después de la separación , divorcio o ruptura familiar.

València era el único Punto de Encuentro Familiar de los 18 que forman parte de la red autonómica que se financiaba exclusivamente con los recursos municipales. Ante esta situación, la concejala Consol Castillo puso en marcha un plan de racionalización de los recursos del ayuntamiento, «ya que el anterior equipo de gobierno del PP decidía qué servicios sociales subvencionaba o no basándose en simpatías personales». De ahí que la edil de Compromís decidiera regularizar esta situación y también la del centro para discapacitados intelectuales de Vall de la Ballestera.

Tras el acuerdo alcanzado con Mónica Oltra, la Generalitat Valenciana cada año aumenta su aportación al Punto de Encuentro Familiar, con la intención de asumir completamente en los próximos años el coste total del servicio de atención.

El Punto de Encuentro Familiar de València es el referente en la Comunitat Valenciana y alcanza un prespuesto superior a los 450.000 euros anuales.

Nueva licitación prevista

El Ayuntamiento de València también está poniendo al día el funcionamiento interno del Punt de Encuentro Familiar. Tras la imposibilidad de prorrogar una serie de convenios firmados en la época del PP con los colegios profesionales de abogados, psicólogos o trabajadores sociales, que ahora ya no se ajustaban a la ley de contratación pública, el consistorio está preparando el pliego de condiciones para sacar el próximo año el concurso público para la prestación de estos servicios.