La Concejalía de Espacio Público, que el pasado verano anunció que no autorizaría más terrazas de hostelería en las nuevas calles peatonales y revisaría las licencias ya concedidas, ha empezado a notificar a los hosteleros del entorno de las calle Ribera y Convento Santa Clara, en pleno centro de la ciudad, el recorte de terrazas hasta en un 50% a partir del próximo 29 de noviembre. Lo hará en cumplimiento de una sentencia judicial dictada hace una década tras una denuncia de una comunidad de propietarios de la calle Ribera y después de tres informes policiales de 2008, 2012 y 2015 que constatan que sigue incumpliéndose la normativa que obliga a reducir a la mitad las terrazas en las calles citadas.
El último informe policial, de febrero de 2017, asegura que 18 locales de las citadas calles siguen teniendo dos filas de mesas y no una como estableció el ayuntamiento. El mismo informe aconseja que la medida de recorte de las terrazas se haga extensiva a Mossen Femades, Martínez Cubells y el Paseo de Ruzafa, una de las zonas del centro con más terrazas por metro cuadrado, reduciendo de tres a dos las filas de mesas porque entorpecen las vías de evacuación de los cines Lys, con un aforo de 4.100 personas.
Las reclamaciones de la comunidad de propietarios del número 13 de la calle Ribera se remontan a 2004, cuando instaron al Ayuntamiento de València, entonces gobernado por el PP, a intervenir ante la ocupación por parte de las terrazas de los bares y cafeterías de la calle Ribera. Las terrazas de los bares así como los materiales que almacenaban en el exterior impedían, según argumentaron los vecinos, el paso de peatones y vehículos autorizados y generaban ruido y las molestias, superando hasta en 25 decibelios el límite recomendado en horario nocturno y hasta en 28 decibelios por el día, lo que entendían que vulneraba los derechos fundamentales de las personas.
Los vecinos pidieron al ayuntamiento que actuase para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas de ocupación de vía pública y la de ruidos y sancionase a las empresa que incumplieran, al tiempo que reclamaban medidas para que se eliminasen de la calle los obstáculos que entorpecían el paso de viandantes y vehículos autorizados. Ante la inacción del consistorio, los vecinos acudieron a la vía judicial y presentaron un recurso contencioso-administrativo y denunciaron los hechos ante la Fiscalía.
El recurso acabó en 2007 con una sentencia que estimó parcialmente las peticiones de la comunidad propietarios y condenó al ayuntamiento "a adoptar las medidas precisas para que impedir que se siga produciendo la vulneración del derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución", que regula, entre otros, el derecho a la intimidad del domicilio.
El ayuntamiento y los hosteleros intentaron reconducir la situación mediante un plan de seguridad y reordenación que no ha llegado a cumplirse plenamente, según recoge el informe de la policía de febrero de 2017, que motiva la decisión de la concejalía de Espacio Público, con Carlos Galiana al frente, de ordenar el recorte de las terrazas del centro.
De momento, apuntaron fuentes municipales, se actuará en la calle Convento Santa Clara, pero la idea es hacer extensiva la medida al resto de calles.
