Los vecinos de la Punta han anunciado su disposición a judicializar de nuevo el conflicto de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del puerto, si los terrenos expropiados en su día no vuelven a ser huerta. Según Carmen González, portavoz del colectivo, ese es el mandato del Tribunal Supremo y no el arreglo que pretende hacer el puerto conjuntamente con el ayuntamiento, consistente en hacer una zona verde transitoria junto a Nazaret.
En el origen del conflicto está la decisión del Tribunal Supremo de declarar huerta protegida las 70 hectáreas de terreno de la ZAL y obligar a indemnizar a dos de los propietarios expropiados.
Frente a esta situación, el puerto, con el visto bueno del ayuntamiento, declaró irrecuperables esos terrenos, que habían perdido gran parte de su cubierta de tierra fértil, y optó por crear un corredor verde que integrará la zona logística con la ciudad (Nazaret y La Punta).
Los vecinos afectados por las expropiaciones, sin embargo, no están de acuerdo con esa decisión y ya presentaron alegaciones en su día pidiendo la reversión de los terrenos. Y mientras el Gobierno resuelve esas alegaciones, cosa que ocurrirá presumiblemente a final de año, advierten de que no aceptarán otra solución que la reversión de los terrenos y volver al punto de inicio.
Según Carmen González, «el tribunal ya ha tirado esto atrás» y ha establecido que los terrenos de la ZAL son «huerta de especial protección agraria», por tanto pide que el proceso vuelva al punto cero y comience de nuevo. Y es que a su juicio, «la ZAL sigue adelante con un simple arreglo por fuera», en referencia al plan del puerto y el ayuntamiento.
Más presión
Así las cosas, la dirigente vecinal espera que acepten sus alegaciones, muy similares a las que han presentado otros colectivos de defensa de la huerta, y que el asunto se retome en las condiciones que dicen los tribunales. Si no fuera así, advierte, su idea es presentar un recurso contencioso administrativo y judicializar de nuevo la ZAL.
«Si alguien piensa que estamos desmoralizados por todo lo que ha sucedido se equivoca», dice Carmen González, que considera «absurdo que la administración se gaste dinero de todos los valencianos para hacer frente a otro contencioso y tenga parada esta zona por no querer sentarse a dialogar con quien tiene que sentarse, que son los vecinos».
«¿Que país es éste? ¿Si quieren una democracia participativa, por qué no se hacen las cosas como se tienen que hacer?», se pregunta.
