Los vecinos de Pinedo han pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la ejecución de la sentencia que obligaba a cerrar la tercera fase de la Depuradora de Pinedo. Lo hacen casi un año después de que la Generalitat Valenciana no haya elaborado el plan especial con el que debía mejorar las condiciones medioambientales de la zona y acabar, entre otras cosas, con los malos olores.
En la demanda de los vecinos de Pinedo se denunciaba la ilegalidad de la licencia con la que se ejecutó la tercerra fase de la depuradora y se reclamaba una indemnización para los residentes por los perjuicios causados por la planta, sobre todo mediambientales. Y el TSJ les dio parcialmente la razón. No aprobó las indemnizaciones, pero si declaró ilegal la licencia y obligó a cerrar la tercera fase de la depuradora.
La Generalitat podía haber recurrido esta decisión, pero optó por no hacerlo y ofreció a los vecinos un plan especial que acabara con las molestias a cambio de que estos no pidieran la ejecución de sentencia. A juicio de la Generalitat, no era posible acabar con la tercera fase de la depuradora, pues de ella dependía el vertido de aguas sucias al litoral y a la Albufera, entre otras cuestiones.
Frustración
El trato se dio por bueno e incluso el Ayuntamiento de València se comprometió a intervenir ante la conselleria para que ese plan especial fuera satisfactorio para los vecinos. Pero diez meses después no ha habido novedades. Los afectados aseguran que ni la Generalitat ni el ayuntamiento se han puesto en contacto con ellos ni les han dado ninguna indicación, por lo que la semana pasada su abogado pidió al TSJ la ejecución de la sentencia, es decir, el cierre de la tercera fase de la depuradora. Antes, además, se presentó un recurso parcial a la sentencia para reclamar las indemnizaciones que no les habían sido concedidas.
Según el letrado, «a los vecinos no les han dicho ni los buenos días», así pues, «no ha quedado otro remedio que pedir la ejecución de sentencia». Ahora el tribunal tiene que dar traslado a las partes para que presenten las alegaciones y recursos que consideren oportunos antes de que el tribunal dictamine la orden final.
«El gobierno autonómico a los vecinos los ha ignorado, como si no existiesen. Y no creo que lo lógico sea que los vecinos tengan que ir a la Generalitat Valenciana a que los reciban y les cuenten lo que van a hacer. Es la administración la que tiene que atender a los vecinos, más cuando hay una sentencia y un compromiso», dice.
