La concejala de Gestión de Residuos Sólidos, Pilar Soriano, propondrá este viernes a la Junta de Gobierno Local la aprobación de una moción para prorrogar un año el contrato vigente para la limpieza urbana en nuestra ciudad. Esta operación comportará un ahorro económico importante, que supondrá un aumento de los recursos para los servicios de limpieza, recogida y transporte de residuos, y permitirá facilitar durante el próximo mandato la negociación del nuevo contrato para estos servicios municipales.

Soriano ha explicado que el buen mantenimiento de los equipos actuales -tanto los vehículos como los contenedores- "permite alargar su vida útil un año más y esto supondrá que en el año de prórroga no habrá que hacer frente a las amortizaciones de los equipos que sí tenemos que hacer ahora”. El ahorro económico para el Ayuntamiento de València estimado por la prestación de servicios sin nuevas inversiones será de 2.750.140,68 euros.

Este rédito económico permitirá aumentar los recursos para los servicios de limpieza, recogida y transporte de residuos ya desde 2018. Además, las empresas concesionarias han ofrecido a cambio de la prórroga contractual una mejora adicional y gratuita de los servicios de recogida de enseres de alta productividad en domingos y festivos desde 2018. Esto permitirá disponer de tres equipos recolectores con conductor y dos operarios y dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda de este servicio, de alrededor de un 15 % y cerca de cinco veces superior al incremento de la demanda relativa a la recogida de residuos.

Con esta prórroga la finalización del plazo de los contratos se producirá el 31 de octubre de 2021, lo que permitirá al gobierno municipal en el próximo mandato disponer de un tiempo más ajustado a las necesidades derivadas de la negociación de un contrato tan importante como el de la limpieza urbana de la ciudad, que incluye aspectos como la recogida de materia orgánica, nuevas tecnologías en vehículos para cumplir con los parámetros que marca la Unión Europea y posibilidades de la nueva Ley de Contratación Pública que entra en vigor en 2018.