La futura ampliación de la V31 y la V-30 sigue generando disputas y discordancias entre los diferentes grupos políticos valencianos y estatales. De este modo, ahora ha sido la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien ha solicitado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la creación de un grupo de trabajo interdepartamental entre el Ministerio y la Conselleria para abordar la mejora de los corredores del área metropolitana de València, correspondientes a estas V-31 y a la V-30. Ella pide que a este grupo de trabajo deberían «poderse unir otras administraciones como ayuntamientos, Dirección General de Tráfico, etc... para concertar y coordinar las actuaciones en materia de infraestructura de transporte».

En un escrito dirigido al ministro, Salvador se refiere al rechazo, tanto de la conselleria como de los municipios afectados por el proyecto de las «mejoras funcionales de la seguridad vial y capacidad de la autovía V-31, en el tramo de Silla a València».

La consellera argumenta que «la solución tal y como está planteada en el documento de inicio ha causado rechazo tanto por parte de la Consell, como por parte de los municipios afectados». Del mismo modo, puntualiza que en el proceso de información pública del anteproyecto de mejora de capacidad de la autovía V-30, los ayuntamientos y la Conselleria han manifestado su rechazo a la solución planteada.

Además, recuerda que la conselleria está redactando el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área de València, donde se está estudiando la movilidad en el área y las propuestas para mejorarla, integrando todos los modos de transporte y cualquier actuación en las infraestructuras del área, como es el caso de estas dos importantes vías, deberá tener en cuenta las conclusiones y las directrices que en él se marquen. En este sentido, Salvador entiende que es necesario que las actuaciones que acometa el ministerio en las áreas metropolitanas «sean consensuadas y concertadas con la administración autonómica y los ayuntamientos durante la redacción de los proyectos».

Además, la consellera argumenta que, sin poner en duda las competencias del Ministerio en lo referente a la propuesta y ejecución de la política del Gobierno central en las infraestructuras estatales, las competencias en materia de ordenación del territorio corresponden a la Administración autonómica.