El uso de los vehículos compartidos es una de las soluciones de futuro para aliviar los problemas de tráfico en las grandes ciudades y reducir la contaminación atmosférica. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de iniciativas privadas también tiene efectos negativos en las ciudades, como el mal uso del espacio público. Por ello el Ayuntamiento de València quiere adelantarse al previsible desembarco de este modelo de negocio y legislar de forma clara los usos. Así, la concejalía de Movilidad Sostenible baraja introducir en la nueva ordenanza que las bicicletas y motos de alquiler compartido deberán estacionarse, obligatoriamente, en aparcamientos regulados. Es decir, las bicis no podrán aparcarse en cualquier lado, sino en las horquillas habilitadas por toda la ciudad, mientras que las motocicletas deberán hacer lo propio en las plazas pintadas en la calzada.

Hay que recordar que en València, por el momento, tan solo funciona una empresa de vehículos compartidos. Se trata de Muving, que cuenta con una flota de unas 125 motos eléctricas, que se desbloquean y usan mediante una app en el móvil. La compañía advierte a sus usuarios que deben aparcar correctamente, aunque eso no impide que a diario se vean escúteres estacionados encima de las aceras o en zonas no permitidas.

Quien no ha desembarcado todavía y parece que se está repensando su estrategia es la compañía china de bicis compartidas OFO, que como desveló Levante-EMV pretendía desplegar miles de ciclos en la calles de la ciudad. Tras reunirse con los responsables de Movilidad Sostenible de la ciudad, dejaron en suspenso su plan. El Ayuntamiento les comunicó su intención de regular este tipo de servicios que operan en la vía pública y les advirtió de que su intención era que sus bicicletas tan solo se pudieran estacionar en los aparcabicis municipales.

Esta exigencia, todavía no reflejada en ninguna ordenanza -los servicios jurídicos del consistorio estudian la fórmula-, ha frenado de momento la llegada de las bicis de OFO. En otras ciudades como Granada, donde opera esta compañía y otra con gran expansión internacional, Obike, se han contabilizado ya decenas de casos de vandalismo con estos vehículos y de abandono de ciclos en parques, en plena calle o tiradas en cualquier solar.

Como dato orientativo en València aunque no comparable, el servicio de Valenbisi -que se obliga a aparcar en sus estaciones- sufrió en 2017 el robo de 2.701 ciclos. ¿Qué podría pasar con un servicio donde no existen terminales de control? El Ayuntamiento teme que se reproduzcan los casos de abandono y vandalismo detectados en las ciudades españolas que sí cuentan con estos servicios.

Evaluando el «car sharing»

El otro negocio que todavía no ha desembarcado en la ciudad es el del «car sharing» o coches de alquiler compartidos. El Ayuntamiento de València reconoce que se ha reunido con varias empresas del sector interesadas en desplegar sus flotas en la ciudad -se habla de hasta 200 vehículos-, sin embargo ninguna ha mostrado su intención de instalarse en breve. Movilidad evalúa qué servicios ofrecen las mejores opciones para la ciudad.

Estas compañías suelen pedir a las ciudades en las que trabajan que les cedan espacios para aparcar sus vehículos, como estacionar gratuitamente en la zona azul. Sin embargo, el ayuntamiento entiende que para este tipo de concesiones debería realizar una licitación pública. La idea del consistorio es que las empresas interesadas ofrezcan soluciones de movilidad que conecten barrios y no solo se concentre la oferta en el centro. En todo caso, admite que cualquier compañía podría operar ya en las calles de la ciudad, puesto que no existe una ordenanza que regule estos servicios.