13 de enero de 2018
13.01.2018
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Acuerdo para solicitar cámaras de vigilancia en monumentos históricos

Ayuntamiento y Generalitat instarán a la Delegación del Gobierno para que autorice su instalación

13.01.2018 | 04:15
Acuerdo para solicitar cámaras de vigilancia en monumentos históricos

Representantes del Ayuntamiento de València y de la Generalitat mantuvieron ayer una reunión en torno a la seguridad del Patrimonio cultural en la ciudad. Cuatro voces que llegaron a un acuerdo en un encuentro donde reinó «la sintonía y efectividad», tal como afirmaron después, para unir fuerzas e instar a la Delegación de Gobierno, con Juan Carlos Moragues al frente, para instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de los grandes monumentos valencianos.

Por parte del ayuntamiento estuvo la concejala de Cultura, Glòria Tello, y la de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, mientras que desde la Generalitat asistió el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, y la Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga.

A lo largo de la reunión se pusieron sobre la mesa ejemplos de ciudades donde ya funciona el servicio, como Salamanca. El Ayuntamiento propondrá la instalación de videocámaras en el entorno de edificios de gran relevancia, como los catalogados como Bien de Interés Cultural, como el Mercat Central, la Lonja o las Torres de Serrano.

Por ello, el consistorio hará la petición para que la Delegación de Gobierno valore y, en su caso, autorice la instalación de las cámaras. «Es un procedimiento largo y lento, porque hay contar con la Ley de Protección de Datos, ya que las grabaciones en la vía pública vulneran el derecho a la intimidad de las personas».

Según indicó Tello, las cámaras no se instalarán en los propios edificios para evitar daños en la superficie y «no es necesario teniendo en cuenta que pueden instalarse a su alrededor».

Desde la concejalía de Cultura quisieron subrayar que los atentados contra el patrimonio son delitos penales que hay que abordar con seriedad. Por ello, desde la dirección general de Cultura se dará prioridad a la tramitación de los expedientes infractores, recogidos en la Ley de Patrimonio, para ejecutar las sanciones económicas a los culpables.


Educación y rápida actuación

Carmen Amoraga resaltó que estas medidas han de ir acompañadas por medidas pedagógicas a la ciudadanía. «El patrimonio público no es de las administraciones, sino de los ciudadanos, y como propietarios que somos, debemos estar vigilantes».

Desde la concejalía de Cultura, tello lamentó no poder hacer más que ofrecer una rápida actuación a la hora de reparar los desperfectos en el patrimonio, desde pintadas hasta roturas. «Después de un trámite administrativo lento, hemos contratado una empresa que de manera plurianual se encarga de limpiar las pintadas con una rapidez máxima», en referencia al servicio que se retomó en septiembre pero que había estado inactivo desde finales de 2016. En esta línea, Tello criticó la herencia recibida del anterior gobierno donde reinó «una dejadez absoluta» en ciertos monumentos.

Menguzzato quiso aclarar que no ha habido un incremento de estos ataques al patrimonio, como muestran los datos que maneja la Unidad de Patrimonio de la Policía Autonómica.

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