El Ayuntamiento de València ha pedido al de Getafe (Madrid) la sentencia que le ha ganado a la Iglesia y que le da derecho a cobrar el impuesto de obras correspondiente a la reforma de un colegio católico.
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, cree que esta sentencia, basada en una directriz reciente de la Unión Europea, abre el camino a cobrar a la Iglesia los impuestos municipales de aquellos locales no dedicados al culto o a la beneficencia, lo que permitiría a las arcas municipales ingresar alrededor de dos millones de euros todos los años.
La reciente sentencia dictada por un tribunal de Madrid obliga al Arzobispado a pagar al Ayuntamiento de Getafe 24.000 euros por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a la reforma de un colegio católico.
Se ampara esta sentencia en un dictamen de la Unión Europea en el que establece que este tipo de exención fiscal supone competencia desleal para otras entidades privadas que realizan la misma actividad.
Ayer mismo, un representante de la Conferencia Episcopal anunció su intención de pedir al Gobierno que aclare qué impuestos debe pagar y cuáles no, ya que la legislación española y la europea van por caminos diferentes.
Argumentos generales
En cualquier caso, el Ayuntamiento de València ya se ha puesto manos a la obra para aprovechar esta sentencia y cumplir su aspiración de cobrar los impuestos municipales a la Iglesia por aquellos locales que no se dedican ni al culto ni a labores asistenciales, es decir, a aquellos locales en los que se desarrolla una actividad económica lucrativa, como la Universidad Católica, la Clínica la Salud, los colegios católicos de la ciudad, garajes o locales alquilados para comercios y hasta para hoteles.
En el caso de la sentencia de Getafe se refiere al ICIO, pero Ramón Vilar entiende que el argumento de la sentencia puede aplicarse a todos los impuestos municipales, incluidos en el Impuesto de Actividades (IAE) y sobre todo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Eso permitiría al ayuntamiento, ciñéndose exclusivamente a los locales con un uso lucrativo, recaudar unos dos millones de euros todos los años.
«La Universidad Católica no paga impuestos y las otras universidades privadas, que desarrollan una actividad exactamente igual, sí tienen que pagar. Eso es competencia desleal y eso es lo que prohíbe la Unión Europea», explicó a modo de ejemplo el concejal de Hacienda.
En consecuencia, la concejalía ha pedido a Getafe que le pase la sentencia para analizarla y estudiar posibles aplicaciones en València. En el caso del ICIO, Vilar recuerda que es un impuesto que se paga sólo una vez, pero podría aplicarse la retroactividad a los cuatro años que permite la ley, con lo cual podría reclamar a la Iglesia los impuestos de obra que ha dejado de pagar en este tiem
