La Sindicatura de Comptes ha denunciado que en los ejercicios 2015 y 2016 el Ayuntamiento de València «ha fraccionado diversos contratos que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un procedimiento ordinario, abierto, restringido, o bien mediante el procedimiento negociado, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos».
Lo hace en el «Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de València» correspondiente a 2015, en el que, entre otras cuestiones, también advierte de que el consistorio «tiene sobrevalorado el remanente de tesorería en 23.161.171 euros, pues no ha calculado el saldo de dudoso cobro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales».
En el informe, que el organismo ha entregado al Ayuntamiento y a las Corts Valencianes, se revisan determinados aspectos de la Cuenta General de 2015 del consistorio y del cumplimiento de la normativa de gestión de la contratación en los ejercicios 2015 y 2016.
Otras irregularidades
Además del fraccionamiento de contratos, el documento se refiere al cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios y señala que el ayuntamiento «ha realizado determinados gastos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, adquiriendo compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados, circunstancia que determina la nulidad de pleno derecho».
Así mismo, hace notar que en diversos supuestos «las prestaciones de servicios se han realizado por los contratistas sin cobertura contractual o mediante prórrogas formalizadas sin ninguna cobertura legal».
En un expediente se ha incumplido el plazo de ejecución del contrato «sin que el Ayuntamiento haya resuelto el contrato o haya exigido las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares».
Recurso del PP
Tras darse a conocer el informe, el portavoz Eusebio Monzó advirtió de que «en el documento se constata que las reiteradas denuncias que hemos hecho desde el Grupo municipal Popular sobre la arbitrariedad en la adjudicación de contratos menores, el fraccionamiento continuado de contratos, la falta de pública concurrencia, la no justificación del interés público en el otorgamiento de las subvenciones y la utilización de recursos públicos para fines pocos claros o partidistas, están muy fundamentadas».
Monzó cree que en algunos casos «se trata de irregularidades graves que podrían suponer una vulneración de la Ley de Contratos», por lo que van a estudiar las «actuaciones legales pertinentes».
