Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Tribunales

Salvem pide la ejecución de sentencia para que no se legalice la permuta de Tabacalera

La plataforma advierte al Govern de la Nau de que las viviendas no son regularizables y debe reconstruir la fábrica

Salvem pide la ejecución de sentencia para que no se legalice la permuta de Tabacalera

Salvem Tabacalera, el colectivo ciudadano que llevó a los tribunales el pelotazo urbanístico de la Tabacalera y obtuvo la anulación de la polémica permuta aprobada por el anterior gobierno de Rita Barberá, ha pedido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la ejecución de la sentencia. El objetivo es evitar que se legalicen las viviendas de lujo que Guadalmedina edificó junto a la Tabacalera y en la plaza de América y se reconstruyan las partes derribadas de la fábrica, pieza destacada del patrimonio industrial de la ciudad.

El colectivo Salvem Tabacalera, al que el PSPV de la ciudad de València dio respaldo cuando estaba en la oposición, se mantiene en la actualidad bajo mínimos. A pesar de ello, su presidenta, Victoria Marín, recalcó ayer que no van a cejar en el intento de «resarcir a los valencianos del desastre patrimonial» que supuso la permuta de la Tabacalera.

El escrito de solicitud de ejecución de sentencia presentado ante el TSJ, el tribunal que anuló por especulativa la permuta de Tabacalera en 2016 en una sentencia ratificada un año más tarde por el Tribunal Supremo, ya ha notificado a las partes (Consellería de Obras Públicas, Ayuntamiento de València y la inmobiliaria Guadalmedina) la solicitud de Salvem Tabacalera.

Marín advirtió al Govern de la Nau, formado por Compromís, PSPV y València en Comú, que las viviendas construidas al amparo de la permuta «no son legalizables porque está anulada, en especial, las construidas a espaldas de la Tabacalera, porque la sentencia obliga reconstruir las naves» industriales sobre las que se levantaron.

Como se ha publicado, el Govern de la Nau acordó en mayo del año pasado iniciar vía modificación del planeamiento la regularización urbanística de las 230 viviendas de Guadalmedina, a las que el ayuntamiento dio licencia en su día pero quedaron fuera de ordenación a raíz de la sentencia.

Nuevo convenio urbanístico

Victoria Marín manifestó ayer su «indignación» tras publicar este diario que el dueño de Guadalmedina, el promotor Enrique Ballester, ha pedido al ayuntamiento una indemnización de 45 millones de euros por responsabilidad patrimonial. Una reclamación con la que el empresario se aseguraría una compensación económica en el caso de que la negociación con el Govern de la Nau para regularizar las viviendas no cuaje y finalmente el juez obligue a ejecutar la sentencia.

Todo apunta a que el ayuntamiento alegará ante el juez que la sentencia es de imposible cumplimiento y que se ha impulsado un cambio de planeamiento para regularizar las viviendas, además de un nuevo convenio urbanístico para trasladar a la avenida de Francia la edificabilidad de la parcela que le quedaba a Guadalmedina por ejecutar a espaldas de la fábrica.

Salvem Tabacalera, sin embargo, insiste en que el ayuntamiento «debe ejecutar la sentencia» y ha reclamado en su escrito que se aperciba a las administraciones de que se interpondrán multas coercitivas de 1.500 euros a las autoridades, funcionarios y agentes que incumplan los requerimientos del tribunal y en última instancia se exigirá responsabilidad penal. Salvem insta al Govern de la Nau a exigir responsabilidades tanto a los políticos que propiciaron la operación como a los funcionarios que informaron a favor. Marín señaló en este sentido a Alfonso Grau, ex vicealcalde y concejal de Grandes Proyectos, así como al ex director de Patrimonio, Manuel Muñoz, que aprobó los derribos parciales de la fábrica. La permuta propició a Guadalmedina un negocio inmobiliario cifrado en más de cien millones de euros a cambio de una fábrica (a rehabilitar) por la que pagó 13 millones de euros.

El Govern de la Nau entiende que diez años años después de los derribos en la fábrica, con el nuevo ayuntamiento en marcha y el 70% de las viviendas construidas, la sentencia es «inejecutable» por lo que lleva meses negociando con Guadalmedina una solución para legalizar las viviendas y trasladar los 16.000 m2 de edificabilidad que todavía tiene Ballester en Micer Mascó, donde solo se ha edificado uno de los dos bloques de viviendas de lujo previstos.

Compartir el artículo

stats