El Ayuntamiento de València quiere sacar a subasta pública 14 inmuebles municipales, por lo que hoy aprobará en la Junta de Gobierno Local impulsar el proceso de enajenación de 13 plazas de aparcamiento y un solar.

Según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, la adquisición la han solicitado tanto mercantiles como particulares. La medida la justifica el equipo de gobierno en que «ni actualmente, ni en un futuro próximo está previsto para estos inmuebles su dedicación a una finalidad específica».

«Su situación actual en desuso implica no solamente mantenerlos inmovilizados y asumir los gastos que esto comporta, sino también privar a la corporación de la obtención de recursos», figura en el documento que hoy irá a junta.

Viviendas públicas, no

Se trata de cinco plazas de aparcamiento situadas en la calle Marqués de San Juan, dos de ellas con trastero. Las otras ocho restantes se encuentran en la calle Convento Carmelitas. La parcela, mientras, se ubica en la calle Padre Simó. Fuera del proceso de enajenación quedarán unas viviendas situadas en la plaza marqués de Busianos, en la calle Torno del Hospital. En una comunicación remitida por la Delegación al Servicio de Patrimonio se manifiesta la necesidad de contar con viviendas públicas, por lo que se excluyen de la subasta.

Los inmuebles están valorados, en su conjunto, en 199.896,24 euros - IVA y otros impuestos, tributos y exacciones excluidos, que no excede el 25% de los recursos por operaciones del presupuesto municipal para 2018. Una vez enajenados los bienes, se convocaría subasta pública, al alza, y se aprobaría el pliego de condiciones que ha de regir la convocatoria.

En el expediente se recuerda que el criterio de gestión inmobiliaria que se está imponiendo entre las Administraciones Púbicas es el de impulsar esos procesos de enajenación y puesta en valor de bienes, rústicos y urbanos, por todos los agentes que tienen competencia para la venta de bienes patrimoniales, con la finalidad de incrementar los ingresos públicos y reducir costes asociados.

Además, se esgrime «la obligación constitucional de actuar conforme a los principios de economía eficiente y que se hace más patente en el actual contexto económico, especialmente a la hora de gestionar el patrimonio de las corporaciones locales, y respeto a los bienes susceptibles de producir un rendimiento económico».