El Ayuntamiento de València ha cerrado el ejercicio económico 2017 con una ejecución del 53% de las inversiones, lo que supone aplazar a este año obras y gastos por valor de 73 millones. La explicación oficial es el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que impiden poner en marcha los proyectos impulsados por las tres administraciones y usar el remanente de tesorería. de hecho, el consistorio anunció ayer la firma de un crédito puente de 25 millones de euros para sacar adelante algunas inversiones mientras se aprueban esos presupuestos, entre ellas el pago de 16 millones por expropiaciones.
Según explicaron ayer el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, el ayuntamiento ha ejecutado un total de 766.169.683 euros del presupuesto municipal de 2017. Esto es un 87% de la caja presupuestaria del consistorio, un dato que según Ribó, demuestra que el Govern de la Nau «apuesta claramente por mejorar la vida en los barrios y por dar estabilidad a la situación económica del Ayuntamiento».
No obstante,las inversiones totales ejecutadas han llegado a los 83, 3 millones de euros, «una cifra histórica», según el alcalde, pero que apenas representa un 53% del total presupuestado, quedando un remanente del 47%, es decir, 73,6 millones.
Se trata, en cualquier caso, de dinero que «no se pierde», puesto que 53,7 millones pasan automáticamente al presupuesto municipal de 2018 y el resto (19.9 millones) pasarán al presupuesto de 2018 a través del remanente de tesorería de 2017.
Ribó recordó que los presupuestos municipales de 2017 se vieron modificados el pasado mes de julio, después de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, fue en ese momento cuando el capítulo de inversiones aumentó «considerablemente». «Esa tardanza en poder disponer del remanente de tesorería y la tardanza al aprobar el Edusi, los PIP y el resto de inversiones cofinanciadas por otras administraciones, es lo que ha provocado que un porcentaje de inversiones se tienen que ejecutar en el ejercicio actual», explicó Ribó.
Por lo que se refiere a los 53, 7 millones, se trata de inversiones con financiación afectada que engloban las diferentes inversiones financieramente sostenibles, «que ya están en contratación y ya han sido autorizadas, es decir, ya han superado la fiscalización pertinente», dijo el alcalde. Se incluyen aquí programas como el PIP (Plan Confianza) y aquellas partes cofinanciadas por otras administraciones, como es el Edusi (financiado al 50% por la Unión Europea), o el ARRU (en la parte financiada por la Generalitat y el Gobierno central).
Por otra parte, las inversiones sin financiación afectada son las que corresponde sufragar al ayuntamiento, y que ascienden a 19.9 millones de euros. Se incluye en este caso la parte de financiación correspondiente al Ayuntamiento en el Edusi y el ARRU y, nuevamente, formará parte del remanente de tesorería del 2017 cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Crédito puente
Precisamente, para hacer frente a esta contingencia y a la «falta de decisiones por parte del Gobierno central» el Ayuntamiento pedirá un crédito de 25 millones de euros, tal y cómo aprobó la Junta de Gobierno Local de ayer.
El alcalde explicó que este crédito lo han denominado «puente», por ser «un medio que hemos diseñado para solventar una deuda hasta que podamos disponer del remanente de tesorería».
Por su parte, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, añadió que este crédito servirá para hacer frente a inversiones y gastos ya previstos, y destacó «diferentes sentencias por valor de 16 millones correspondientes a expropiaciones forzosas de terrenos del Plan de Ordenación Urbana, y que tenemos en la cuenta 413 que queremos limpiar lo más rápido posible».
