El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha realizado una investigación de oficio de la contaminación acústica de la ciudad de València y una de sus preocupantes conclusiones es que «entre un 30 y 40 por ciento de las infracciones graves o muy graves de locales de ocio prescriben o han prescrito durante los últimos tres años».
De acuerdo con la legislación vigente, sería la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat la competente para sancionar este tipo de infracción, sin embargo, la falta de medios autonómicos para tramitar los expedientes, no solo de València sino de toda la Comunitat, está provocando la prescripción de un alto porcentaje de infracciones.
En opinión del Síndic, esto genera una situación de impunidad injustificable que agrava todavía más la contaminación acústica existente. «El infractor no tiene interés en cumplir la ley porque, sencillamente, no pasa nada», asegura Cholbi, a la vez que recuerda la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo (de 16 de enero de 2018) que advierte que las leyes para proteger los derechos garantizados no sirven de nada si no se aplican correctamente, al igual que un sistema sancionador no es suficiente si no se aplica en tiempo y de manera eficaz, explica.
Para enmendar esta situación y evitar que sigan prescribiendo estas infracciones graves o muy graves, el Síndic propone dos soluciones: o bien atribuir la competencia sancionadora a los ayuntamientos, tal como viene reclamando el propio Ayuntamiento de València desde hace años; o bien incrementar notablemente los medios económicos, técnicos y personales de la Administración autonómica para poder llevar a cabo esta labor de forma eficaz.
Por otro lado, el Síndic de Greuges denuncia la proliferación de mesas y sillas en la vía pública, hasta el punto de que «los vecinos no solo se quejan de las molestias acústicas que generan las terrazas hasta altas horas de la madrugada, sino que hay zonas donde apenas se puede transitar por la calles».
Así pues, pide al Ayuntamiento de València que incremente el control y la vigilancia sobre las terrazas, para que estas cumplan con las licencias concedidas. Igualmente, considera adecuado dejar de conceder nuevas autorizaciones o ampliación de las otorgadas en aquellas zonas donde exista saturación acústica.
Precisamente, sobre las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) asegura que no están funcionando correctamente.
Para abordar esta situación, el Síndic recomienda constituir un Observatorio del Ruido en el que participen técnicos municipales y autonómicos, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los representantes de las asociaciones vecinales y de hostelería de las zonas afectadas.
Botellón y menores
Por último, Cholbi constata el aumento de la práctica del botellón, especialmente entre los más jóvenes, un problema que preocupa a esta institución no sólo por el ruido que genera sino también por la percepción de «normalidad» de este consumo. El aumento de sanciones impuestas no ha conseguido frenar esta práctica, dice, de ahí que insista en las campañas de concienciación.
