El Ayuntamiento de València recibió ayer con esperanza el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de permitir, por la vía del real decreto, gastar el superávit del año pasado sin esperar a la aprobación de los presupuestos del Estado, una cantidad que en València puede ascender a 60 millones de euros.
A pesar de ello, tanto el alcalde, Joan Ribó, como el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que fue el representante en la cumbre de alcaldes celebrada ayer en Madrid, aseguraron que siguen adelante con su idea de solicitar un crédito de 25 millones de euros para afrontar algunos gastos, básicamente expropiaciones, que debían pagarse con ese remanente de tesorería ahora bloqueado.
El gasto del remanente o «superávit», es decir, el dinero que el ayuntamiento tiene del año pasado, era uno de los caballos de batalla de los ayuntamientos de España, pues el Gobierno actual no permite consumirlo hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una aprobación que está en el aire e incluso que podría no producirse si se mantienen las diferencias del PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
El trastorno es tal que el Ayuntamiento de València, que tendrá un remanente de tesorería de alrededor de 60 millones de euros, anunció la semana pasada la petición de un crédito de 25 millones de euros para hacer frente a inversiones prioritarias, entre ellas expropiaciones por valor de 16 millones de euros.
El argumento es que el interés de ese crédito es inferior al de la demora de los pagos y además se amortizará en cuanto el Gobierno les permita gastar su remanente de tesorería.
Las perspectivas, no obstante, han cambiado tras la reunión del ministro Cristóbal Montoro con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En esa reunión, Montoro se comprometió a publicar un real decreto en el mes de marzo para permitir a los ayuntamientos gastar su dinero sin esperar a los presupuestos generales.
Y ayer, Caballero trasladó ese compromiso a los más de 300 alcaldes y representantes municipales que asistieron a una reunión de la FEMP convocada precisamente para hablar de esto y de otros contenciosos del municipalismo co el Gobierno central.
El representante de València fue el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien aseguró tras la reunión que esta ciudad no cambiará, de momento, sus planes iniciales. «Hasta que no tengamos el decreto en nuestras manos seguiremos con nuestra hoja de ruta respecto al préstamo que financie por anticipado inversiones sostenibles y las cofinanciadas con fondos europeos Edusi y Feder», dijo Vilar en referencia a los fondos que pagarán gran parte de las obras, por ejemplo, en el Cabanyal.
Mejor ser precavido
También el alcalde de València, Joan Ribó, se mostró «precavido» en este sentido, ya que «el ministro Montoro ya ha hecho otras promesas similares y nunca se han cumplido». De hecho, recordó, «el año pasado anunció una medida similar pero, hasta septiembre, no pudimos hacer uso del remanente, lo cual ha condicionado el nivel de ejecución del presupuesto».
«Por eso, porque preferimos ser precavidos, nosotros vamos a continuar con la demanda de un crédito puente que, con unas condiciones financieras que podemos afrontar, nos permitirá, además de hacer inversiones, pagar una serie de expropiaciones que de otra manera se verían agravadas con un 7% por la demora del pago», explicó Ribó, quien aseguró, en cualquier caso, que si la promesa de Cristóbal Montoro se cumple, «el ayuntamiento estudiará cancelar ese crédito que, como su nombre indica, es un puente hasta que se pueda disponer del superávit de 2017».
