El juzgado de lo Penal número 12 de València ha absuelto por falta de pruebas al empresario Antonio Calero, propietario del club de playa de la Marina de València, en el juicio por resistencia y desobediencia grave a la autoridad iniciado a raíz de la denuncica interpuesta en septiembre de 2016 por dos agentes de la Policía Local a raíz de una intervención por la colocación de señales de carga y descarga por parte del empresario en el entorno de su negocio.
La sentencia asegura que «no está acreditado lo que el acusado hizo exactamente, siendo claro que no lo está que amenazase de muerte» (a uno de los agentes), por lo que la magistrada estima que «no puede afirmarse que (Calero) realizase una acción con suficiente gravedad o intensidad para ser considerada constitutiva de delito», como exige el artículo 556 del Código Penal.
La jueza señala en el fallo que que la resistencia y la desobediencia a los agentes de la autoridad, tras la útima reforma del código Penal, puede constituir unicamente infracción administrativa.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, asegura que «no se ha practicado ninguna prueba que desvirtúe la presunción de inocencia del acusado en relación a las afirmaciones de los policías. Los policías en el atestado aseguraron que procedieron a reducir y engrilletar al dueño del club de playa «para evitar una posible agresión, resistiéndose activamente y haciendo caso omiso a las indicaciones».
La jueza recuerda que el atestado tiene sólo valor de denuncia, debiendo ser las pruebas practicadas en el juicio oral las que demuestren los hechos objeto de la misma. En este sentido apunta que ninguno de los agentes que testificó especificó o aclaró en qué habría consistido la «resistencia activa» del acusado a su detención ni las indicaciones que le realizaban y a las cuales aquel no atendía o hacía «caso omiso».
La magistrada no entra a valorar el hecho mencionado sobre «los cabezazos» que el propio acusado se habría dado a sí mismo en el vehículo policial porque «aunque se hubiesen producido serían atípicos, dado que no se alega que de este modo causase daños en dicho vehículo».
El altercado del dueño del exclusivo club de playa de la Marina de València con la policía local se remonta a septiembre de 2016 tras una intervención de la policía por la colocación de unas señales de carga y descarga en las inmediaciones del club, ubicado entre el Paseo Marítimo y la Marina.
Los agentes de la policía exigieron al empresario los permisos para la colocación de las señales que, según Calero, había autorizado el Consorcio València 2007, el organismo que gestiona la Marina de playa, lo que dio pie a un supuesto enfrentamiento entre los agentes y el dueño del establecimiento como consecuencia del cual Calero, que siempre ha negado las acusaciones de desacato a la autoridad que se le imputaron, resultó detenido y traslado a la central de la Policía Nacional de Zapadores.
El altercado con la policía local coincidió en el tiempo con la orden de cese de la música en la terraza del club del playa por parte del Ayuntamiento de València tras recibir una denuncia vecinal por exceso de ruido. El establecimiento ha tenido que ejecutar medidas correctoras para reducir la contaminación acústica.
