Unas cuarenta cámaras vigilarán los siete edificios que son Bien de Interés Cultural (BIC) de València y cuya titularidad es municipal. La Lonja, las torres de Serranos y las de Quart son las que contarán con mayor número de monitores, ocho, y el resto estarán protegidas por cuatro cada una, según los planos en los que trabajan los servicios técnicos del ayuntamiento desde hace meses. La concejalía de Cultura y Patrimonio, que dirige Glòria Tello (Compromís), espera tener el proyecto totalmente redactado dentro de un mes, pese a que se trata de «una actuación muy compleja». Los dispositivos han de situarse en los perímetros próximos a los monumentos, sin afectación directa sobre los mismos, al tratarse de edificios históricos protegidos. «Se ha de intervenir lo mínimo posible para no causar un daño estético», explican desde la regidoria de Tello.
Los estudios sobre la Lonja están prácticamente finalizados, con los planos perfectamente detallados de la ubicación y los materiales presupuestados. La mayor complejidad ha residido en las torres de Quart y de Serranos, pues estás no disponen de cableado de fibra óptica para poder enviar la señal a la Policía Local. Las cuatro cámaras irán instaladas en cuatro báculos, aprovechando los postes del tendido eléctrico en la mayoría de los casos. Idéntica situación ha ocurrido con las Atarazanas. En el caso del Almudín, las cuatro cámaras está previsto poder instalarlas en el voladizo del edificio, pues no tendría consecuencias sobre el mismo, aunque se elevará la pertinente consulta a la Dirección General de Patrimonio.
La fibra óptica es, según el ingeniero que está desarrollando el proyecto, lo más aconsejable en estos casos de protección patrimonial «para que no se distorsionen las imágenes» de los que intenten actos vandálicos en puertas y fachadas, como ocurrió hace algunas semanas en la Lonja, que amaneció llena de pintadas. El estudio, que una vez concluido habrá de enviarse a Delegación del Gobierno, Policía Local, y conselleria de Cultura, para después licitarse, podría rondar los 200.000 euros. En todo caso, advierten los técnicos que es una cifra que hay que tomar con muchas reservas, pues depende de la infraestructura de la red de fibra óptica.
Glòria Tello, concejala de Cultura y Patrimonio, incidía hace unos dias en que desde su área se está elaborando «un trabajo exhaustivo y detallado para solicitar a Delegación del Gobierno la autorización para instalar esas cámaras». «Se trata de una medida proteccionista, que pretende complementar los esfuerzos del Govern de la Nau en el incremento de la vigilancia de los monumentos», incidía. En cualquier caso, volvía a reiterar que la iniciativa no puede desligarse «de la necesaria concienciación ciudadana en la que todos podamos poner un granito de arena en nuestros entornos y conseguir una ciudad ejemplar en la protección de su patrimonio».
