El Ayuntamiento de València y la Generalitat han llegado a un acuerdo para que el primero pase a gestionar aquellas sanciones a los locales de ocio tipificadas como graves o muy graves. Hasta ahora, un 35 por cien de las sanciones por ruido a los locales de ocio en la ciudad prescribían sin cobrarse, tal y como informaba el Síndic de Greuges en un informe reciente. De este modo, con este pacto se pretende agilizar la gestión y luchar también contra esta impunidad.
Tal y como explicaba ayer a Levante-EMV el Director General de Seguridad, José María Ángel, «las relaciones entre ambas administraciones son muy buenas» y por eso ya habían llegado a pactos para determinadas cuestiones, aunque todavía falta determinar varios aspectos sobre el acuerdo final: «Los departamentos jurídicos de ambas partes trabajan juntos para encontrar las mejores fórmulas», matizaba.
Él reconocía que «el ayuntamiento tiene razón» al querer solicitar la gestión de estas sanciones que podrían llegar hasta los 600.000 euros (ahora tan solo puede gestionar las que llegan hasta 6.000 euros). Efectivamente, muchas de ellas se quedan en los cajones y el ayuntamiento lamenta que movilice a sus policías locales y, por tanto, gaste recursos públicos y tiempo para que luego estas no sean tramitadas.
En la misma medida, Ángel argumenta que gran parte de los casos que se acumulan en sus dependencias vienen de muchos años atrás, de la administración anterior, y pone en valor que «si antes se hacían, por ejemplo, 10 actas, ahora hacemos más de 100», queriendo decir que se ha mejorado considerablemente en este aspecto. Aunque sin negar que el problema sigue estando ahí.
Por otra parte, él indica que la intención de la Generalitat es mantenerse como una figura de último recurso para este tipo de denuncias, evitando así que el ayuntamiento sea juez y parte. Ángel argumenta que «estamos en un estado garantista y debe existir siempre el derecho a recurrir ante otra administración». Algo en lo que, al parecer, el ayuntamiento estaría de acuerdo.
Una herramienta muy solicitada
El concejal de Control Administrativo y Espacio Público, Carlos Galiana, es el encargado de negociar con la Generalitat los puntos de este acuerdo. El edil explicaba que «València contará, a partir de ahora, con una nueva herramienta para afrontar con más garantías el necesario control del cumplimiento de la norma en los locales de ocio de la ciudad, una necesidad que ha sido muy solicitada por la ciudadanía y a la que ahora damos respuesta desde el equipo de gobierno municipal que preside Joan Ribó».
Este pacto se enmarca dentro de la Ley de Espectáculos Públicos Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos que establece que la competencia para la gestión de los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves «puede ser objeto de delegación a los ayuntamientos que así lo solicitan y cumplan con los requisitos generales». Precisamente esta cuestión, la de determinar qué ayuntamientos podrían solicitar esta fórmula, es lo que está valorando ahora el equipo jurídico de la Generalitat que se debate entre que sea a petición propia, según el número de habitantes o bajo otros condicionantes.
