Como era de esperar la reunión de ayer en Madrid sobre la ampliación de la V-21 no varió las rígidas posiciones del Ministerio de Fomento sobre esta obra. A la petición del Ayuntamiento de València de modificar el plan inicial para reducir la destrucción de huerta la respuesta fue no. La ley no lo permite, dice el ministerio.

Todo lo que se puede hacer es tener cuidad con los caminos, las servidumbres y las expropiaciones para hacer el menor daño posible. Pero la obra continúa tal cual, con la construcción de un tercer carril entre el Carraixet y la entrada a València y una servidumbre lateral de 8 metros.

En realidad, la reunión de ayer tenía pocas posibilidades de prosperar. El Ayuntamiento de València aprobó una moción para paralizar la obra cuando el proyecto estaba ya en proceso de adjudicación. Además, el Gobierno ya rechazó la paralización y adjudicó la obra por 20 millones de euros. Y luego el alcalde, Joan Ribó, encabezó un plan alternativo que mantenía la ampliación reduciendo un 60% el impacto sobre la huerta, pero su socio de Gobierno, València en Comú, desautorizó ese plan y pidió la paralización total.

Para colmo, ayer el propio Ribó no asistió a la reunión en Madrid y envió como cabeza de la delegación al concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, del Grupo Socialista, que ha sido el socio de Gobierno menos beligerante en este sentido.

Según explicó Sarrià, el director General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, estuvo «correcto» en todo el encuentro. «Había que cubrir el expediente», dijo el concejal, que lamentó, de entrada, que esta entrevista se haya realizado seis meses después de presentar su propuesta de paralización. «Eso lo dice todo».

Propuesta razonable

En su opinión, la propuesta del Ayuntamiento de València es «razonable» y «estudiada». Baja de 8 a 4 metros la zona de servidumbre y reduce un 60 % el impacto sobre la huerta. Además, ahora hay un nuevo instrumento que no existía antes, que es la Ley de Protecció de l'Horta, que defiende los valores ecológicos y paisajísticos de la huerta.

Y como último argumento, Sarrià recuerda que es posible reducir la zona de servidumbre cuando hay algún bien a proteger, como viviendas o zonas singulares. Ni siquiera sería necesario parar el proyecto para introducir algunos cambios, asegura el concejal, para el cual el Gobierno debería «hacer algún esfuerzo, jugar un poquito».

Pero no. La respuesta fue no. El director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, trasladó a la delegación municipal su máxima colaboración y flexibilidad en esta actuación para garantizar la mínima ocupación de huerta, pero siempre dentro del marco de la legalidad vigente.

Urrecho aseguró que la propuesta del ayuntamiento ha sido estudiada por los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras y «se ha resuelto que esta no puede llevarse a cabo puesto que vulneraría la actual Ley de Carreteras, que establece como zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autovías desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista».

En la reunión, eso sí, se garantizó a los representantes del consistorio valenciano la reposición de los caminos de accesos a las parcelas próximas a la V-21, teniendo en cuenta la mínima ocupación posible. Además, se hizo especial hincapié en que todas las actuaciones que realiza el Ministerio de Fomento «velan por el interés general y por la mejora de las condiciones de seguridad vial y movilidad de los ciudadanos, siempre bajo las premisas de la protección del Medio Ambiente».

Así las cosas, el debate parece terminado, aunque oficialmente el propósito del Ayuntamiento de València es seguir presionando mientras duren los trabajos.