La primera reunión de la comisión técnica creada por el Ayuntamiento de València, el Ministerio de Hacienda y la Generalitat para buscar una salida a la deuda millonaria que lastra la Marina de València celebrada ayer en el ayuntamiento acabó sin un compromiso concreto por parte de los representantes del Estado. En este primer encuentro, del que los asistentes destacaron la buena disposición de las partes, el director general del Consorcio, Vicent Llorens, presentó el nuevo plan de negocios para hacer frente en un horizonte de 30 años a la deuda, superior a los 400 millones de euros. El Consorcio calcula que con todas las concesiones y espacios rentables de la marina en explotación y, teniendo en cuenta la vida útil del consorcio, se podrían generar beneficios para devolver entre 40 y 70 millones de euros, aproximadamente el 18% del total de la deuda. Son cifras «realistas», que evidencian que la marina puede ser autosuficiente sin tener que recurrir a la recalificación de suelos y a la construcción de viviendas que planteaba el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de València.

A la reunión de ayer también asistió un representante de Puertos del Estado. La marina tiene una deuda, en concepto de tasas de ocupación, pendiente con la Autoridad Portuaria de València. El Consorcio, que cuestiona el pago de esta deuda, quiere activar la revisión del convenio para la cesión de la dársena (actual Marina de València) a la ciudad. Una cesión que cuesta dinero al consorcio y que tiene fecha de caducidad.

La Marina generó el año pasado 6,6 millones de euros de ingresos y acabó, por primera vez en años, con superavit.

Los responsables del Consorcio presentaron ayer un plan de negocio que «demuestra que la marina es autosuficiente y además puede generar ingresos para devolver una parte de la deuda, no toda pero sí una parte», apuntaron fuentes del Consorcio.

El plan contempla un calendario de adjudicaciones, que incluye la puesta en marcha de un hotel de usos mixtos y diseño singular, del Museo Marítimo, de nuevos espacios destinados a la innovación, la privatización de los amarres y de una reurbanización del entorno de la marina para ganar espacio para el peatón, ampliar las zonas verdes y mejorar las conexiones y la movilidad con la ciudad.

Hasta ahora los responsables de las tres administraciones han llegado a acuerdos para validar la nueva estrategia del Consorcio, que apuesta por la innovación, la náutica y el ocio. No obstante, el Gobierno se ha negado en todo momento a realizar nuevas aportaciones económicas a la entidad. En el último consejo rector se desmarcó de la financiación de la reurbanización del entorno de los Tinglados, que han tenido que asumir en solitario el Ayuntamiento y la Generalitat.

También ha habido acuerdo para introducir mejoras en la gestión de la Marina, con la ampliación de competencias para la contratación por parte del director general del Consorcio.