La concejalía de Movilidad Sostenible ha trasladado a la Agencia Valenciana Antifraude la gestión de las jubilaciones parciales que la EMT llevaba realizando desde 2001. Según la actual gerencia, se detectaron acuerdos contrarios a la ley llevados a cabo de forma continuada desde dicha época.

Tanto el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, como el actual director de la EMT, Josep Enric García, informaron que en el marco de negociación del convenio colectivo, empresa y trabajadores alcanzaban un acuerdo para las prejubilaciones de los contratos, un hecho que aseguran es ilegal, como dictaminan las advertencias realizadas por la Inspección de Trabajo al establecer el número de jornadas laborales obligadas por debajo del mínimo que marca la legislación.

Advertencias

«Ni la gerencia de 2001, ni las posteriores -bajo la dirección sucesiva de los entonces concejales del PP Jorge Bellver, Alfonso Novo y Alberto Mendoza- rectificaron en su actuación pese a las advertencias de la Inspección de Trabajo, de la Sindicatura de Cuentas y del Ministerio sobre el carácter público de la gestión de la EMT», indicó García.

Entre las irregularidades señaladas, dicen que se «hizo caso omiso» a la Ley de Contratos del Sector Público en 2007; al igual que a los informes de la Sindicatura de Cuentas y el Ministerio de Economía y Hacienda de 2010 donde la EMT es calificada como sector público y poder adjudicador, lo que obliga a un retorno al derecho administrativo; mientras que en 2013 se concedía la jubilación con 65 jornadas laborales cuando con el pacto acordado correspondían 131.

«Nunca nadie me dio a conocer esos informes de la Inspección de Trabajo, ni tengo constancia de que sean reales», respondió el concejal del Partido Popular y antiguo director de la EMT, Alberto Mendoza, ante la acusación vertida desde la actual corporación municipal, las cuales calificó como «falsas».

Para Mendoza estas jubilaciones parciales «son consecuencia de un acuerdo dentro de la negociación colectiva de hace más de 17 años que contó con la participación, como agente mediador, de la Inspección de Trabajo. Asimismo, el edil cree que «las acusaciones de Grezzi son un ataque encubierto a los trabajadores por las complicaciones que está teniendo en la negociación colectiva».