La nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada ayer en las Corts con los votos de PSPV, Compromís, Podemos, Ciudadanos y la abstención del PP amplía las multas para las infracciones muy graves de hasta 600.000 euros o clausura de actividad del establecimiento o servicio turístico.
La norma da poder a los ayuntamientos para autorizar las viviendas de uso turístico y por primera vez se contempla el territorio valenciano como activo turístico en su totalidad. Además se incorporan como recursos turísticos de primer orden además de las playas, los festivales de música de proyección internacional, la gastronomía autóctona o los paisajes más valiosos y valorados.
Contempla por primera vez conceptos como ética de turismo, inteligencia de mercados, hospitalidad, gestión del ocio, trabajadores o trabajadoras del sector turístico, o turismo accesible, inclusivo y sostenible.
Además, la nueva ley incorpora la obligación de contar con un Plan Estratégico del Turismo como instrumento básico de ordenación de los recursos turísticos valencianos junto con un Estatuto del Municipio Turístico regulador de su régimen jurídico.
Además, regula las viviendas de uso turístico que define como «los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio», según recoge la ley.
«No es perfecta pero sí necesaria»
Durante el debate parlamentario, la diputada de Cs Rosa García aseguró que la ley no es perfecta y tienen ciertas reservas hacia algunas cuestiones en las que entienden que se invaden aspectos como dejar en manos de los ayuntamientos competencias de la Generalitat, pero en general sí recoge aspectos como el buen funcionamiento del turismo, asegura. Para Ciudadanos se dan las condiciones para apoyar la norma que presenta el tripartito, aunque para el PP la norma es mejorable y de hecho lo hará si gobierna, afirma.
Se abre a la tasa turística
Desde Podemos, David Torres remarcó que era necesaria la norma para crear un régimen sancionador severo y cree que la norma instala el fundamento que impulsaría un impuesto sobre la actividad turística ya que el punto 4 del artículo 22 señala que se pondrán en marcha estrategias que garanticen la sostenibilidad turística, permitiendo que tanto residentes como agentes turísticos puedan contribuir a la mejora de servicios; de las infraestructuras; al impulso de buenas prácticas laborales; a la lucha contra el intrusismo y el fraude; a la promoción del medio ambiente y a la promoción turística. De hecho, desde el PP se ha criticado que se incluya el «fantasma de la tasa» en el texto.
Pero Podemos recela y cree que para hacer efectivas estas medidas falta valentía e incide en la necesidad de proteger los derechos laborales de algunos colectivos como las Kellys y luchar contra la precariedad laboral. Por parte de Compromís, la parlamentaria Teresa García opina que la regulación había quedado obsoleta y destaca que la nueva norma vertebra el territorio en contraste con la antigua política que nos reducía la oferta al sol y la playa y a la celebración de los grandes eventos.
El socialista Vicent Arqués la ve oportuna, necesaria e innovadora y el PP cree que está llamada a la revisión con carácter inmediato porque no resuelve los problemas. A su juicio, en ciertos aspectos como es el sector de los alojamientos turísticos en la Comunitat provoca enfrentamientos.
