La regularización por parte del Govern de la Nau de las viviendas de lujo construidas por Guadalmedina (Enrique Ballester) en la calle Micer Mascó y en Navarro Reverter al amparo del convenio urbanístico de la Tabacalera propiciado por el gobierno de Rita Barberá se complica. El Tribunal Superior de Justicia emitió el pasado 15 de mayo, a instancias de Salvem Tabacalera, una provindencia instando al ayuntamiento a ejecutar la sentencia que anuló por «especulativa» de la permuta de la Tabacalera.

Esta operación permitió a Guadalmedina construir 230 viviendas (vendidas por entre 600.000 y un millón de euros) y un negocio estimado de 200 millones de euros, a cambio de una fábrica que apenas unos años antes compró por 13 millones de euros. «Un pelotazo histórico», como en su día lo calificó el PSPV.

El Tribunal Superior de Justicia anuló en 2016 la permuta de la fábrica, fallo que ratificó el Supremo. En un intento de evitar el coste que el cumplimiento de una sentencia que llegó después de diez años, con la mayoría de viviendas hechas y el nuevo ayuntamiento de Tabacalera operativo, el actual gobierno echó mano de otra modificación del planeamiento.

El tripartito formado por Compromís, PSPV y València en Comú, aprobó en mayo de 2017 por acuerdo plenario regularizar el uso residencial de las viviendas que la sentencia deja fuera de ordenación vía modificación del planeamiento urbanístico, trasladar la edificabilidad del entorno de la Tabacalera a otro punto de la ciudad (finalmente será a la exclusiva avenida de Francia) y reconstruir las naves derribadas.

Salvem Tabacalera admite que es complicado revertir la situación, pero insiste en exigir responsabilidades. La plataforma presentó el pasado mes de enero la petición de ejecución de sentencia ante el TSJ, que a su vez requirió al Ayuntamiento y a la Generalitat para que informasen de las acciones que se estaban haciendo para restituir la legalidad urbanística. El consistorio informó de que estaba dando cumplimiento a la sentencia a través del referido acuerdo plenario de mayo de 2017.

El argumento no ha convencido ni a Salvem Tabacalera ni al alto tribunal que ha vuelto a requerir al ayuntamiento y la Generalitat a ejecutar la sentencia. Salvem reclama la anulación «por desviación de poder» del acuerdo plenario de mayo que intenta regularizar la permuta y evitar indeminaciones millonarias. La única finalidad del citado convenio es, afirma Salvem Tabacalera, «dar cobertura legal a un edificio que debe quedar fuera de ordenación».

El Govern de la Nau está ultimando las alegaciones que presentará a este nuevo requerimiento de ejecución de sentencia argumentando que los derribos son inejecutables porque el 70 % de las viviendas ya están vendidas y la Tabacalera se ha transformado en un nuevo ayuntamiento.

La portavoz de Salvem Tabacalera, Victoria Marín, insistió ayer en que el pelotazo de la fábrica «no puede quedar impune porque se trasladaría a la ciudadanía una imagen deplorable». «Lo que plantea el ayuntamiento es legalizar lo que se hizo y, además, darle edificabilidad en otra parte de la ciudad. Es una solución tramposa», advierten. El colectivo reclama que las viviendas de la permuta se dejen fuera de ordenación, en cumplimiento de la sentencia. Admiten que el derribo es complicado pero ve inadmisible que se legalice el uso residencial.

Salvem presentó el pasado mes de abril otro escrito de petición de ejecución de sentencia donde alega que los derechos de los compradores que adquirieron de buena fe sus viviendas «no pueden hacerse valer a costa de incumplir la sentencia».

Salvem cita abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha declarado nulas por incurrir en desviación de poder numerosas modificaciones «ad hoc» del planeamiento para eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales.

El Supremo ha considerado «carente de transcendencia» a efectos de ejecutar una sentencia de demolición la condición de compradores de buena fe. También alega Salvem Tabacalera que el ayuntamiento no ha justificado la existencia de un derecho de aprovechamiento por parte de Guadalmedina sobre la parcela sin edificar en Micer Mascó, a cambio de la cual el ayuntamiento entregará a Guadalmedina tres pastillas de suelo junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Si finalmente el TSJ entiende que se debe ejecutar la sentencia y las viviendas no son legalizables el ayuntamiento y la Generalitat tendrán que indeminazar a los propietarios, advierten fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano.