Julia Damiá, Valencia
Poner anuncios en las farolas va a empezar a salir caro. En los últimos tiempos las calles se han convertido en el escenario perfecto donde ofrecer al gran público toda una gama de servicios. Los carteles anunciando cursos de yoga, clases de piano, venta de vehículos, compra de pisos o alquiler de habitaciones han tomado el mobiliario urbano consiguiendo llegar a todos los públicos, de todos los rincones de la ciudad.Pero esta práctica va a empezar a tener sus riesgos.
El Ayuntamiento de Valencia anunció hace un par de días su intención de emprender una campaña contra la publicidad que se coloca en el mobiliario urbano en virtud de la Ordenanza Municipal sobre Publicidad que contempla sanciones para quienes coloquen anuncios en el mobiliario urbano. El consistorio hará valer así una norma que tiene nueve años, y que ha sido modificada en dos ocasiones, para multar hasta con 3.000 euros a las empresas anunciadoras que la incumplan. Así lo explicó el concejal de Alumbrado y Fuentes, Juan Vicente Jurado, quien aseguró que «cada día se quitan una media de 200 pegatinas» colocadas de manera ilegal.
En principio esta norma se aplicará a las farolas de Valencia, «las más perjudicadas por esta práctica», según fuentes autorizadas de la Concejalía de Alumbrado, de modo que el resto de «delegaciones deberá decidir si tienen previsto también aplicar la ordenanza». No en vano, esta moda de colgar carteles y pegatinas de publicidad en el mobiliario de la ciudad no se reduce sólo a las farolas, sino que se extiende a otras columnas como las de los semáforos, señales de tráfico o, incluso, árboles, por lo que si las distintas delegaciones del ayuntamiento deciden no imponer sanciones a las empresas anunciadoras, éstas podrán seguir colgando su publicidad sin perjuicio de ser multadas.
La preocupación del consistorio por la imagen que pueden causar las pegatinas y carteles que se colocan en las farolas va unida a las cifras que ofrece la concejalía responsable de su mantenimiento. Esta delegación estimó que quitar estos anuncios y limpiar la farola cuesta unos 18 euros, a los que hay que sumar otros 65 euros si tras su limpieza es necesario volver a pintarla. En total, 83 euros por farola. Según estos datos, la concejalía de Alumbrado calculó que este año el ayuntamiento se gastará cerca de 2,2 millones de euros en lavar la cara a las farolas, en una ciudad que tiene alrededor de 80.000 luminarias. Y otro dato: 40 ó 50 empresas son reincidentes y el ayuntamiento ya las ha localizado para comenzar su campaña.
La ordenanza en la que se basa esta campaña contra la publicidad ilegal en la calle prohíbe además, entre otras cosas, colocar anuncios en «monumentos, fuentes, edificios públicos, jardines, pavimentos de las calzadas, aceras o bordillos, árboles, farolas, semáforos y otras instalaciones de servicio público», y contempla la posibilidad de obligar a la empresa a que retire la publicidad o, en caso de negativa, a retirarla de oficio y obligar a la empresa a que corra con los gastos, además de con la sanción.
Cruzada particular
Sin embargo, la práctica de colocar anuncios en las calles no se reducen sólo a farolas, semáforos y cualquier otro tipo de mobiliario urbano propiedad del ayuntamiento. Los portales de los edificios, las persianas de los comercios, o las columnas del gas natural son otros de los lugares preferidos por las empresas para pegar su publicidad. Contra éstos, los particulares también pueden emprender su cruzada individual. La ordenanza municipal da poder al propietario de la edificación para retirar los anuncios que se fijen sin su consentimiento, y denunciar los hechos al ayuntamiento. En definitiva, de hacer servir una de las frases más leídas en las paredes: «No fijar carteles. Responsable empresa anunciadora».
