El gobierno local intenta pactar con la oposición la norma de civismo que castiga la prostitución

J. Damiá, Valencia

El equipo de Gobierno tratará de pactar con los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Valencia el texto definitivo de la Ordenanza sobre Actuaciones en Espacios Públicos que acaba de concluir la fase de alegaciones. La norma que pretende sancionar a gorrillas, limpiaparabrisas, prostitutas callejeras y clientes, fue redactada en un primer momento por la delegación que dirige Miquel Domínguez, y aprobada inicialmente en el pleno de diciembre con los votos del PP. Fuentes municipales confirmaron que se están estudiando las alegaciones presentadas por vecinos, PSPV, EU y una ONG, y que el equipo de Gobierno ha emplazado a la oposición a hablar para consensuar el texto definitivo.


Desde un primer momento, el borrador de la ordenanza, que contempla multas de hasta 500 euros para la venta ambulante, aparcacoches y limpiaparabrisas, y de hasta 3.000 euros a las prostitutas que ejerzan su actividad en la calle y a sus clientes, despertó la polémica. Las alegaciones presentadas por vecinos y oposición han coincidido en señalar que la norma se centra exclusivamente en sancionar a los colectivos más desfavorecidos.

Los vecinos la consideran escasa

La Federación de Asociaciones de Vecinos calificó de «escasa» la norma, y manifestó «serias dudas» de que una actitud «meramente sancionadora» de cara a la prostitución pueda solucionar el problema. Según la presidenta, Mª José Broseta, lo más aconsejable sería la regulación general del uso de los espacios públicos ya que, en su opinión, la ordenanza se centra en las actividades que se realizan en la calle con ánimo de lucro, pero olvida situaciones en las que el «uso y abuso» de la vía se genera sin ese afán.


El PSPV presentó hace un mes una alternativa de 42 artículos a la norma del PP, que elimina la prohibición expresa de la prostitución callejera y establece multas de hasta los 3.000 euros que podrán sustituirse por trabajos para la comunidad. La propuesta socialista pretende crear un «espacio público de calidad», sancionando conductas incívicas como destrozar mobiliario urbano, ocupar plazas para minusválidos o derrapar injustificadamente con el vehículo.
El portavoz de EU, Antonio Montalbán, incidió en sus alegaciones en la cuestión de la prostitución callejera, centrando su crítica en que la ordenanza propuesta por el PP no sancione a los proxenetas y no contemple ayudas para las prostitutas. CC OO coincidió en estas consideraciones, mientras UGT recalcó que la ordenanza desplazará la prostitución, y matizó que, si bien no está penalizada en nuestra legislación, sí lo está el proxenitismo.
La ONG Médicos del Mundo condenó en sus alegaciones una norma que permite el decomiso de los materiales usados en la comisión de la infracción. Según la ONG, que reparte preservativos entre las prostitutas para evitar enfermedades de transmisión sexual, la norma «dificulta el trabajo de prevención y promoción de la salud».
Estas consideraciones están siendo estudiadas y, según fuentes municipales, la intención del equipo de Gobierno es consensuar con la oposición -PSPV y EU- el texto definitivo de la ordenanza que debe contribuir a facilitar la convivencia en el espacio urbano, y aprobarlo en el próximo pleno, que será a finales de abril.