J. D./H. G., Valencia
El presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Víllora, manifestó ayer tras conocer la sentencia que «no se trata de una autorización de la prolongación -de Blasco Ibáñez-, ni del plan que la desarrolla» ya que, explicó, el asunto de «la legalidad o ilegalidad del Pepri está pendiente en el Tribunal Supremo». Víllora advirtió de que el fallo del TSJ tan sólo suspende el auto de paralización cautelar emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia, y que el recurso contra las licencias de derribo seguirá su curso ya que «todavía no ha habido una sentencia que resuelva el asunto de fondo».
El presidente de la plataforma que defiende la permanencia del barrio del Cabanyal quiso poner de manifiesto «la irresponsabilidad político-administrativa en que incurriría el señor Grau -primer teniente de alcalde- si ordena el derribo de las casas». Según Víllora, los votos particulares contrarios a la sentencia ponen de relieve las «dudas legales sobre los derribos», por lo que consideró que «el principio de precaución que debe presidir toda actuación administrativa aconseja suspender los derribos dada la irreversibilidad de los mismos». El juzgado de lo contencioso administrativo tendrá que determinar ahora el fondo de la legalidad de los derribos. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, subrayó que la posición mantenida por el gobierno municipal «ha sido y será siempre demáximo respeto hacia las decisiones de la Justicia, tanto cuando los dictados han supuesto la paralización cautelar de los derribos, como ahora en que determinan que las licencias de derribo se ajustan a derecho». Según el edil la sentencia, que según él es firme, posibilita que las obras del Pepri sigan adelante, una vez queda levantada la suspensión cautelar fuera de la zona BIC. Grau destacó que no le consta que existan otros recursos a licencias de derribo fuera de la zona BIC, aunque añadió que la sentencia es «muy clara», y de ella «se desprende que en esta zona del Pepri del Cabanyal-Canyamelar, como en cualquier parte de la ciudad no declarada BIC, es posible que un particular o la administración lleven a cabo derribos dentro de lo que establece la ley».
