H. G., Valencia

La plataforma Salvem el Cabanyal hizo ayer análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que da luz verde a los derribos de edificios fuera del área protegida del Cabanyal. Su presidente, Faustino Villora, reclamó a la alcaldesa Rita Barberá «el mismo trato que han tenido con el Valencia C.F. y sus accionistas». Villora aludía a la decisión del equipo de gobierno de no ordenar la demolición inmediata de la ampliación del campo de Mestalla que una sentencia ha declarado nula.

A juicio del teniente de alcalde Alfonso Grau la comparación entre los derribos del Cabanyal y del Mestalla «está fuera de lugar». El concejal del PP recordó, en un comunicado, que en el último pleno, en el que se dio por cumplida la sentencia de Mestalla, le encargó al secretario un informe sobre el alcance de la misma. Esta decisión se adoptó después de una discusión entre el portavoz socialista y Grau, quien quiso dar por cumplida la sentencia declarando fuera de ordenación las obras de ampliación.

Villora anunció que seguirán recurriendo las licencias municipales de derribo que estimen oportuno y recordó que queda por resolver el fondo del recurso, esto es, la legalidad de los derribos.

La concejal de EU, Victoria González, que acompañó, junto con el portavoz del PSPV, Rafael Rubio, a Salvem el Cabanyal en una rueda de prensa, manifestó que el gobierno del PP sólo cumplen las sentencias judiciales que son favorables a sus «caprichos políticos», en alusión a la prolongación de Blasco de Ibáñez a través de la zona protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal. En este sentido recordó que no ha cumplido el fallo contra la ampliación de Mestalla y tampoco ha cerrado la Clínica del Consuelo, tal como reclaman los vecinos y pese a haber una sentencia -contra la cual cabe recurso- que anula la licencia municipal de actividades.

Rubio, por su parte, emplazó al gobierno de Barberá al diálogo con los vecinos y a buscar una solución consensuada para el barrio. «Estamos en una batalla enquistada y en un proceso de degradación continuada», dijo Rubio quien explicó que incluso las cofradías de la Semana Santa del Cabanyal han tenido que cambiar este año de itinerario por la degradación de algunas de las calles.

La alcaldesa obvió el llamamiento al diálogo y anunció, durante una visita a la avenida del Puerto, que los derribos seguirán fuera de la zona declarada BIC porque «ese es el proyecto aprobado por el ayuntamiento» y la justicia «ha levantado la prohibición». Barberá pidió a todos el «mismo respeto por la justicia».

El abogado de Salvem, José Luis Ramos destacó, en línea con Rubio, la celeridad del TSJ en resolver el recurso de apelación del ayuntamiento contra la suspensión de los derribos. Ramos explicó que el TSJ tarda entre ocho meses y un año en resolver recursos urbanísticos y, en cambio, al recurso de súplica del consistorio le ha dado salida en tiempo récord. El recurso se presentó el 13 de marzo y se ha resuelto un mes después, el 12 de abril. En este punto, criticó la «falta de transparencia» del tribunal a la hora de facilitar a las partes los nombres de los magistrados que componían la sala.

Grau aseguró que Salvem el Cabanyal y la oposición demuestran «su poco respeto al estado de derecho al poner en entredicho al máximo órgano judicial» valenciano. Insistió en que la sentencia del TSJ avala la actuación del consistorio y que el plan especial está vigente y subrayó que da la sensación que Rubio y González «quieren que la justicia les haga un traje a medida».