Levante-EMV/E.P., Valencia La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha denunciado a la nueva empresa adjudicataria del servicio de recaudación de multas después de que «negara la subrogación obligatoria de los 16 trabajadores que hasta la fecha se encargaban de estas funciones en la empresa a la que se le acaba el contrato» , explican en un comunicado. Esta situación provocará que 50.000 boletines de denuncia queden sin grabar, lo que comportará «el consiguiente perjuicio para la Administración y para todos los valencianos» y dejarán de cobrarse las multas impuestas antes del 30 de septiembre. Además, indicaron que afectará al servicio de colaboración a la gestión integral administrativa de los expedientes sancionadores por infracciones de las normas reguladoras de tráfico en vías urbanas y ORA. CSI-CSIF denunció a la nueva empresa adjudicataria, «la única de todas las que se presentaron al concurso público para hacerse cargo de esta gestión» , ya que se negó a contratar a los trabajadores, «cuando por ley es obligatoria su subrogación» , recordaron. Ante la decisión de la empresa, según expusieron, todos estos trabajadores perderán su empleo el 28 de septiembre. Por ello exigieron la subrogación obligatoria de todo el personal y que el servicio se mantenga «en activo, considerando que la falta de asunción de esta obligación podría tener la consideración de despido nulo» . El lunes 17 se celebró el primer juicio por esta causa en el juzgado de lo Social nº 11 que la magistrada podría resolver antes del 28 de septiembre. Los últimos días de contrato están resultando «especialmente duros» para los 16 trabajadores afectados ya que «se les ha comunicado su despido y deben hacer frente a las quejas y actitudes hostiles de los afectados por las 40.000 órdenes de embargo que, paradójicamente, han sido tramitadas precisamente en estas dos últimas semanas» .