La venta de suelo echa el freno en Valencia

L. B. B., Valencia
Una parcela de huerta junto a la Ciutat de les Arts y les Ciències (Cacsa) se cotizaba a 300.000 euros la hanegada en 2004. Un año después, un miembro de la familia Soler, a través de su promotora, pagó 662.000 euros por hanegada rústica en Campanar. Tres años después la subasta de suelo en el conocido como «triángulo de oro» junto a Cacsa, con un precio de salida de un millón de euros la hanegada, se quedaba desierta. Similar suerte corrió la subasta de la primera parcela del futuro solar de Mestalla. Nadie se interesó por el primer lote de fincas en suelo urbano (con posibilidad de construir hasta 16 alturas) y tuvo que ser el presidente del Valencia, Juan Bautista Soler, quien desembolsara los 90 millones de euros. ¿Qué mal fario ha sufrido el negocio inmobiliario?
«Antes los bancos te perseguían para hacer las promociones inmobiliarias. Ahora han cerrado el grifo y lo han dejado seco, según me comentaba un promotor», explicaba a Levante-EMV un arquitecto valenciano. Un diagnóstico que certifica otro promotor de dilatada experiencia en Valencia: «la banca ha pasado de llamar y perseguirnos a exigir todas las deudas pendientes. Y ellos sí que no salen en los titulares». Y remata un segundo arquitecto: «La banca ya no financia suelos finalistas».
Aunque la falta de financiación de las entidades bancarias sólo es un ingrediente más del amargo cóctel que traga el sector inmobiliario desde hace meses.Las novedades legislativas han contribuido, sin duda, a la pausa que vive el sector. «Hemos pasado de tener la legislación más copiada por el resto de comunidades a la más restrictiva. Que, además, introduce un nuevo factor de riesgo: la iniciativa del cambio de clasificación de suelo la ha de tomar el ayuntamiento con instrumentos de planificación muy farragosos», añade un arquitecto que trabaja con grandes promotoras. «De un modelo con iniciativa hemos pasado a un modelo intervencionista y burócrata que no hemos vivido ni con Franco», continúa. Y, si además, se le añade una Ley del Suelo estatal «que convierte la inversión en suelo rústico en una inversión de riesgo y la crisis inmobiliaria mundial, mézclese en una coctelera y obtendremos el hundimiento de los precios del suelo y el menor incremento del valor final del suelo, sobre todo el urbano o el urbanizable». Así pues, las promotoras y constructoras optan por el «que me quede como estoy» y no arriesgan. Ni en la compra de suelo ni en las construcciones. Aunque, como coinciden varios expertos consultados por este periódico, «con el suelo que han ido comprando en los últimos años ya no les hace falta adquirir ni un metro cuadrado de suelo más».
En Valencia, se añade además la particularidad de que desde hace tres años se tramita la renovación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1988 y que ha sufrido sucesivos retrasos para adaptarse a todas las novedades legislativas aprobadas a nivel autonómico y estatal desde que se inició su tramitación el 17 de junio de 2005.
El nuevo diseño de la ciudad debe adaptarse a dos nuevas leyes, dos reglamentos y un código, por lo que el trabajo a ejecutar es ingente. Y, además, debe prever los grandes eventos que no estaban incluidos en la agenda hace dos años: el circuito de Fórmula 1 y la 33ª edición de la Copa del América.
La iniciativa inmobiliaria en la ciudad de Valencia se ha quedado «en pausa» o «en reajuste» tal como demuestran las estadísticas de visados del Colegio de Arquitectos en los tres primeros trimestres del año.