EUROPA PRESS
Al respecto, González Móstoles calificó de "extremadamente grave" que el Gobierno municipal "considere que el habitual derrumbe de edificios en la ciudad, en muchos casos protegidos, forme parte de la casualidad y no asuma responsabilidades", y criticó que lo ocurrido es "fruto de una grave irresponsabilidad política".
El edil socialista recordó que desde 1994, fecha en que entró en vigor la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), "existe la obligación de que los edificios protegidos pasen cada cinco años una Inspección Técnica de Edificios (ITE)".
No obstante, lamentó que, "aunque ya han pasado 13 años y, por tanto, cada uno de estos inmuebles deberían haber pasado ya dos revisiones, tan solo el 20 por ciento de los edificios susceptibles de ser revisados han pasado inspección".
El edil explicó que la inspección permite conocer el estado de los edificios, así como dictar las órdenes de ejecución "necesarias" e incluirlos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar para "forzar su rehabilitación y evitar que se desplomen evitando así daños materiales o personales de los que después haya que lamentarse".
"Estos días hemos vuelto a insistir sobre el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER) en el barrio de Velluters", señaló y añadió que, "si disponemos de la ITE y de este registro, así como de las órdenes de ejecución, produce tristeza ver cómo en el centro histórico de la ciudad existen centenares de edificios que necesitan ser rehabilitados", porque "decenas de ellos podrían correr la misma suerte que el de la calle Salinas, porque no existe control municipal alguno", afirmó.
En este sentido, criticó que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, "se excusa diciendo que fue multado en 2006 por ruina". No obstante, consideró "hipócrita" la actitud del edil porque, a su juicio, "intenta tapar su irresponsabilidad con esta falacia, ya que se trata de multas coercitivas, de las que pueden ponerse hasta diez, y no producen efecto disuasorio alguno"..
González Móstoles instó a Bellver y a Barberá a "utilizar los mecanismos que la legislación urbanística permite para que los edificios se mantengan en condiciones de salubridad y seguridad", de forma que "eviten desgracias personales y daños al patrimonio".