Educación dio luz verde a las obras de 15 colegios días antes de frenar su construcción

Educación había autorizado las obras de 15 colegios firmadas por el Botànic días antes de frenar su construcción y decir que eran "ilegales". Así lo confirma la documentación pública a la que ha tenido acceso Levante-EMV, que muestra que esas obras recibieron luz verde de Conselleria y días después el departamento se desdijo y las frenó.

El conseller de Educación José Antonio Rovira (PP) siempre ha defendido que la exconsellera Raquel Tamarit (Compromís) se extralimitó al firmar la delegación de 15 obras estando en funciones (es decir, tras haber perdido las elecciones). Lo hizo el pasado 12 de julio, dejando comprometidos 65,5 millones de euros para construir colegios e institutos.

El dinero iba destinado a 11 municipios gobernados por la izquierda y uno, el de la mayor inversión de todas con 19 millones, gobernado por la derecha. La actual Conselleria de Educación pidió un informe de la abogacía de la Generalitat para determinar si esta delegación es ilegal ya que considera que condicionaba sus cuentas.

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El 19 de julio José Antonio Rovira toma posesión como conseller. En septiembre el actual director general de Infraestructuras Educativas da el visto bueno a las citadas obras y las manda a Intervención de Hacienda, para que las fiscalice. El resultado es positivo, pero es en este punto cuando Conselleria decide frenar las obras delegadas por la anterior Conselleria, al darse cuenta de esto.

No se dieron cuenta de la existencia

Es decir, las obras estaban empezando a ser fiscalizadas cuando llegan las elecciones, motivo por el cual se paraliza el expediente. El director general de educación dio el visto bueno a los expedientes, hasta que el día 29 llegaron los informes completos.

Fuentes de Educación explican que no se dieron cuenta de la existencia de estas obras hasta ese día ya que "el equipo de la anterior Conselleria no informó". Al tener constancia de esto, Educación decide abrir un expediente de lesividad, y manda una carta a las 12 localidades explicando que paraliza las obras "por no ser de interés general".

La legalidad o no de la decisión de Tamarit no está clara. Lo que es cierto es que el informe de la abogacía de la Generalitat (al que ha tenido acceso este periódico) no se pronuncia sobre ello de forma rotunda, sino que dice que debería analizarse "caso a caso" en los 15 centros.

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La abogacía sí que advierte de que la delegación del Botànic compromete la política del Gobierno entrante y "por su alcance, parece exceder de lo que deber considerarse un despacho ordinario", explica. Además dice que "dicha decisión debía ser adoptada por el Gobierno entrante, que es el que debe decidir sobre la política de inversión aplicable en la legislatura que ejerce sus funciones". Pese a todo, no entra a valorar si estas delegaciones de obras son legales o no.

"Se harán las obras que tengan que hacerse"

El conseller Rovira fue rotundo en unas afirmaciones que ha ido matizando con el tiempo. Al principio aseguró que la decisión de Tamarit era ilegal y que se iban a paralizar las obras de todos esos centros. Sin embargo, la situación de algunos como el IES Ramón Cid de Benicarló o el de Borriol, que llevan más de una década faltos de aulas o directamente en barracones, ha hecho que el conseller reconsidere la decisión. Fuentes de Conselleria explican que siempre han defendido que "se harán las obras que tengan que hacerse si el estado de los centros así lo requiere".

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La actual Conselleria, además, asevera que Tamarit firmó la delegación de centros "conscientemente" mientras estaba en funciones con el objetivo de comprometer ese presupuesto en la conselleria entrante del Partido Popular.

Meses de preparativos

El proceso para construir un colegio mediante el plan Edificant empieza mucho antes de la delegación de competencias. El peso de las gestiones recae sobre los ayuntamientos, que tienen que pedir el centro y documentarlo correctamente. Primero han de mandar una memoria valorada justificando que necesitan ese colegio o instituto.

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Tras la memoria se manda el proyecto del centro (los planos) y después de eso comienza una negociación con Conselleria de Educación que fiscaliza el proyecto y pide las correcciones necesarias al ayuntamiento. Después de todos estos pasos es cuando llega la delegación de competencias, la intervención de Hacienda vuelve a fiscalizar todo y, solo entonces, se inician las obras.

Este proceso puede durar como mínimo seis meses y hay centros que llevan varios años de gestiones. Todo depende del tamaño del centro y de las características de la construcción o de la reforma. Es el caso de estos 15 centros, que llevaban muchos meses de tramitación y se encontraban ya en la fase final a la espera de ser construídos cuando la actual conselleria de Educación decidió frenarlos en seco.

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