A. Ruiz, Calp

La controversia de la adjudicación de las obras para sanear la red de agua potable de Calp ha dado un importante vuelco. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alacant, José Antonio Romero, ha decidido remitir el caso al juzgado de Dénia «al existir indicios que pudieran determinar la existencia de hechos delictivos».

El fiscal ha analizado las «conclusiones definitivas» que los tres grupos de la oposición de Calp -PSOE, PSI y BNV- le remitieron en julio de este año y en las que se habrían detectado numerosas irregularidades. Los trabajos fueron aprobados por el el gobierno local del PP, que tiene la mayoría absoluta en el municipio. Su concejal de Aguas y diputado provincial, Juan Roselló, siempre defendió la legalidad de las actuaciones. Así que ahora deberá ser el juzgado decano de instrucción de Dénia, al que el fiscal se dirigió el pasado 27 de septiembre, el que tramite el caso y dictamine si, efectivamente, se ha producido algún tipo de delito.

Esas presuntas irregularidades obedecen sobre todo a dos cuestiones. En primer lugar, a la decisión de la empresa concesionaria del abastecimiento, Aguas de Calpe, de adjudicar las obras, sin concurso público previo, a una empresa denominada Obras Hidráulicas de Levante que hasta ese momento se había dedicado al buzoneo, esto es, al reparto de propaganda, decisión avalada por los populares. Además, posteriormente, la empresa del buzoneo volvió a subcontratar las actuaciones a una segunda mercantil, Montubo S. L., que sí tenía experiencia en el sector de las infraestructuras hídricas y que, según la oposición, ha sido la que de verdad ha realizado las obras, que estarían concluidas en un 90%.

En segundo lugar, PSOE, PSI y Bloc creen que ha habido sobrecoste en las obras, que valían un total de 4,2 millones. Es decir, que por la adquisición de los materiales necesarios para las mismas se ha pagado mucho más de lo que determinaba el actual precio del mercado. En este sentido, los grupos de la oposición consultaron esas cifras con las de otras actuaciones similares en el sector y llegaron a establecer que el sobrecoste total del proyecto es, aproximadamente, de un millón de euros, cerca de un 50% más de lo que debería valer. La comisión de investigación cree que podría haber por ello indicio de un presunto delito de «maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas».

Hay además un tercer factor. El coste de los trabajos, que deben asegurar el futuro del abastecimiento de una población que en el pasado tuvo serios problemas al respecto, encarecerá los recibos que los vecinos deben pagar por el suministro. Al haber serias dudas de que la Generalitat autorizara esa subida del agua, en un pleno celebrado hace apenas una semana el PP aprobó, otra vez en solitario, un nuevo proyecto para renovar la red en la que la subida de la tarifa para el bolsillo de los ciudadanos descendía un 25%. Ese segundo plan se basaba en un informe en el que se reconocía por primera vez algunos sobrecostes en los materiales.

Pero la oposición sigue sin tenerlo claro. «Se han abaratado las tarifas, sí, pero a cambio de hacer menos obras de las que estaban estipuladas en un momento» dijo ayer el portavoz municipal del PSOE, Luis Serna. Además, la oposición advierte de que en el nuevo proyecto siguen sin corregirse los sobrecostes y que incluso estos han aumentado en algunas partidas. Serna puso un ejemplo muy gráfico: «ahora se ha incrementado en 145.000 euros el capítulo de gastos de señalización. Para que ese precio fuera justificable debería haber habido un banderista cada 100 metros cobrando 300 euros al día».